Los Centros de Rehabilitación Social de Ecuador atraviesan por un nuevo Estado de Excepción dispuesto por el presidente Lenín Moreno.

El martes 11 de agosto, el Primer Mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 1125, con el cual, entre otras cosas, dispone fortalecer los controles en los centros de rehabilitación social con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Se trata de la segunda declaratoria realizada por el régimen en dos años consecutivos con el objetivo de erradicar los hechos violentos dentro de las cárceles.

En 2019 se registraron 32 muertos, mientras que en lo que va de este año se reportaron 22 fallecidos de forma violenta.

El primer estado de excepción fue anunciado por el Ejecutivo el 15 de mayo de 2019, pero -amparado en la Constitución- lo renovó el 15 de julio de ese año y concluyó el 15 de agosto.

El Decreto Ejecutivo 1125, compuesto por 14 artículos, se ejecutará por 60 días. Dispone cumplir con requisas dentro de los centros penitenciarios de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y el Reglamento de Requisición de Bienes.

Asesinatos dentro de las celdas
La nueva medida se después de que se reportara una pelea en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad de Latacunga (Chimborazo).

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó que dos internos fallecieron y otros resultaron heridos. Información preliminar dio cuenta de que la riña se desató en un partido de fútbol. Los fallecidos cumplían penas por asesinato y violación.

Pero ese no fue el caso que puso en evidencia la falta de seguridad dentro de los centros carcelarios. El hecho que alertó a las autoridades fue la muerte del israelita Shy Dahan, asesinado el sábado pasado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. En el hecho de sangre resultó herido su compatriota y compañero Sheinman Oren.

Los dos extranjeros, fueron detenidos en junio de este año bajo la posesión de $ 100.000 como resultado de presuntas negociaciones con Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, ambos señalados en un caso de corrupción en la venta de insumos médicos en hospitales del IESS, durante la emergencia sanitaria.

La Fiscalía General informó que los dos extranjeros se negaron a ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Spavt); horas después, Shy Dahan fue asesinado.
Ese crimen evidenció que existe un débil control en las estructuras internas de los centros penitenciarios, opinó Roberto Sierra, experto en temas carcelarios.

A decir del técnico, esta nueva declaratoria del Estado de Excepción es una medida necesaria, pero se debe analizar de qué forma se alcanzarán los resultados que no pudieron conseguirse con la primera declaratoria.

En ese criterio coincidió Mauro Terán, catedrático y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. A decir del jurista, la medida tenía que levantarse dada la inseguridad en los centros, pero hay que analizar cómo será enfocada en esta ocasión. "Se justifica una declaratoria de esta naturaleza, pero lo que no veo es qué aspecto va a solucionar la situación", expresó.

Terán señaló su preocupación ya que dentro de las cárceles hay mucha improvisación, sobre todo en los guías penitenciarios que no respetan protocolos, lo que ha propiciado una falta de control e incluso la conformación de bandas organizadas.

Marco Bravo, abogado de libre ejercicio, también cree que la declaratoria es acertada, "pero tardía".
Bravo apunto que durante esta declaratoria se fortalezcan los filtros de seguridad.

Señaló que los militares son fundamentales para coadyuvar en los controles, especialmente en los guías penitenciarios, porque a través de ellos, pueden ingresar armas, drogas, dinero y hasta teléfonos celulares.

Apoyo de la Fuerza Pública
María Paula Romo, ministra de Gobierno acudió a la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para explicar los alcances del Decreto 1125.

Indicó que la situación delictiva registrada en los centros penitenciarios del país, específicamente en la Penitenciaría del Litoral, responde a un problema integral que debe ser solucionado en el mediano y largo plazo.

Sobre el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción, detalló que se busca el apoyo operativo de Policía Nacional, que reforzará el control interno de las cárceles así como la seguridad de los perímetros, para precautelar la vida y convivencia de los reclusos. La Policía Intervendrá, de ser el caso, en estricto respeto a la normativa y declaratorias de Derechos Humanos, enfatizó.

Orlando Jácome, subdirector de Rehabilitación Social del SNAI, se refirió al conflicto registrado en la Penitenciaría del Litoral del 3 de agosto último, donde fallecieron 11 internos y resultaron heridos cinco policías.

Indicó que la tragedia se originó por pugnas internas entre las bandas conocidas como Los Choneros y Los Lagartos. Frente a los hechos, reconoció que existen falencias dentro del centro carcelario, básicamente por la falta de personal capacitado.

Los resultados de la primera declaratoria en 2019

Gonzalo Realpe, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló que la declaratoria no es una medida que ayudará a resolver la crisis. Dijo que con la primera no se pudo reducir el número de privados de libertad que llegan a 40.200 personas lo que creó un escenario de hacinamiento y delincuencia.

Edmundo Moncayo, director del SNAI, indicó ante la Comisión de la Asamblea, que se ha tratado de fortalecer los procesos de seguridad y de garantizar las condiciones para que los privados de libertad cumplan sus penas.

Reiteró que con la adecuación del espacio en los centros carcelarios, el hacinamiento se redujo en un 11%.

Entre otros datos, se puede mencionar que con la declaratoria de 2019, el Gobierno anunció la inversión de $ 40 millones para el sistema carcelario.

Además, 2.600 policías se desplegaron en los centros reclusorios, también se ejecutó un programa para la incorporación para 500 guías penitenciarios, con lo que se pretendía cubrir el 50% de la necesidad de agentes.

Además, alrededor de 1.000 adolescentes fueron reubicados en centros para cumplir medidas socio educativas por infracciones a la ley.

Además se invirtió en infraestructura para la intervención del Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito y de los Centros de Adolescentes Infractores a escala nacional.

También para mejorar el sistema hidrosanitario del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Latacunga, del CRS de Santo Domingo, de El Rodeo (Portoviejo) y otros. (I)