El decreto 1169 renovó el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social país, esto permite que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyen en el control de todas las cárceles para reducir la violencia, controlar a las mafias y dar una solución a la sobrepoblación.

Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y  Adolescentes Infractores del Ecuador. actualmente existen 30.300 personas privadas de la libertad en los 48 centros penitenciarios y se registra un hacinamiento del 30.06%.

Para Edmundo Moncayo, director del SNAI, el problema es que es muy grande la puerta y muy pequeña la salida “el 42% de los detenidos tiene prisión preventiva y esto nos genera un problema” dijo.

En este tiempo se trabajara en la adecuación de infraestructura para equilibrar de mejor manera la población en determinados centros. Por ejemplo, en aproximadamente 40 días se reabrirá el centro de detención conocido como La Roca en Guayaquil al que se transferirá a aquellos privados de la libertad que tienen problemas para adaptarse a las disposiciones del sistema.

Además, se ampliarán otros centros como La Libertad de Azogues y la Libertad de Ibarra y se tiene previsto abrir instalaciones similares en Tulcán y la región amazónica para que los procesados cumplan sus sentencias cerca de sus lugares de residencia.
Ernesto Pazmiño, ex director del SNAI, recomienda que la infraestructura no sea de grandes dimensiones porque el Estado termina perdiendo el control y son las mafias las que lo asumen. La corrupción bajo este escenario llega a involucrar incluso a los funcionarios.

“Todo tiene un costo. Para ir al baño se paga, para ir donde el médico se paga, para que le den celda o colchones se paga y ese dinero se reparte entre todos los entes del sistema de justicia. Sabemos que en todas las cárceles, no solo en la penitenciaria, se cobra a los presos por la supuesta seguridad. Su familia debe depositar el costo, entre $5 y $40  semanales. Hay enormes fortunas que se crean con esta corrupción” explicó Pazmiño.

Edmundo Moncayo reconoce que hay un importante déficit de guías penitenciarios y en el marco de la emergencia se espera incorporar a nuevos funcionarios que serán capacitados, no solo en las competencias laborales sino también en aspectos relacionados con la ética y el manejo de situaciones conflictivas. En relación a los procesados, se promoverá que más se incorporen a actividades laborales y académicas para garantizar una verdadera rehabilitación social.

El decreto contempla la suspensión del derecho a la libertad de reunión de presos y la restricción de circulación en las inmediaciones de los centros carcelarios. La emergencia se extenderá por 30 días más.