Los reclusos de las cárceles de El Rodeo y de Bahía de Caráquez pagaban entre $ 300 y $ 500 e incluso a entregar botellas de whisky como "beneficios penitenciarios".

Esa fue la conclusión de un perito que analizó conversas telefónicas para determinar una presunta red de corrupción de funcionarios que habrían solicitado dádivas económicas a los internos.

El perito fue llamado a testificar por el fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, en el cuarto día de juzgamiento del caso "El Rodeo", que se desarrolló ayer, jueves 19 de noviembre.

Según información proporcionada por la Fiscalía, el testimonio del perito sustentó 621 hojas del informe, relacionado con la transcripción de conversaciones de WhatsApp, ante el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí.

En estos mensajes, el técnico demostró la forma cómo se exigía dinero a las víctimas y cómo se lo repartían entre algunos de los acusados.

La Fiscalía General del Estado procesa a ocho personas como presuntos autores y coautor del delito de asociación ilícita y concusión: cuatro funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y un abogado en libre ejercicio.

En esta causa se los procesa porque habrían solicitado dádivas económicas y botellas de licor a familiares de internos de los centros de rehabilitación, para tramitar la libertad y garantías penitenciarias de sus parientes, derechos por los cuales no se debe entregar dinero para su cumplimiento.

En la diligencia de ayer, también declararon cuatro testigos más. Tres de ellos conformaron el equipo técnico del SNAI, para analizar 91 carpetas de privados de la libertad, que habrían solicitado un beneficio penitenciario.

En sus testimonios, relataron el proceso de análisis y la identificación de incumplimientos de requisitos de ley en 61 carpetas, como la ausencia de certificados psicológicos, índice de proclividad delictógena, de acogida familiar, certificados de permanencia judicializaciones sin el informe previo del SNAI, entre otros.

La información proporcionada por los testigos ante el Tribunal Penal sustenta la teoría del caso de Fiscalía: la concesión de beneficios penitenciarios sin el cumplimiento de requisitos de ley, para lo cual se entregaba dinero y botellas de licor a un abogado particular y a funcionarios públicos.

La diligencia se reinstaló, de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. (I)