La situación en los centros penitenciarios del país no puede ser superada con declaratorias de estados de excepción, es por una falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado. Esa fue una de las conclusiones de un dictamen la Corte Constitucional (CC) que fue emitido ayer, lunes 19 de octubre.

El documento bajo el asunto "Renovación del estado de excepción declarado por conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional" cuenta con seis puntos entre los cuales dispone al Gobierno a crear un plan a mediano y largo plazo para enfrentar la crisis en el régimen ordinario.

El dictamen (N° 6-20-EE/20) se levantó tomando en cuenta que el 10 de octubre último, a través del Decreto Ejecutivo N° 1169, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso renovar el estado de excepción -establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 1125 del 11 de agosto de 2020- por conmoción interna en los centros penitenciarios.

En esa línea, los magistrados de la CC señalaron que este es el segundo año consecutivo en que el Presidente de la República declaró un estado de excepción por la misma causa.

El dictamen concluyó que pesar de las advertencias realizadas en dictámenes previos, no justifica las razones por las que el estado de excepción debe extenderse hasta el máximo del tiempo permitido por la Constitución y a todos los centros de privación de libertad a escala nacional.

Otra de las conclusiones es que si la situación en los centros penitenciarios ha llegado al punto que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, y ha requerido de distintas declaratorias de estados de excepción y renovaciones “responde a la falta de actuación oportuna y adecuada del Estado“.

Con esos antecedentes, la CC insistió en que el Presidente emprenda "acciones para implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país, más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción”.

Para ello, dispuso al Presidente que, en el término de 20 días, contados desde la finalización del Estado de Excepción, remita a la CC y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante régimen ordinario. (I)