La tarde del miércoles 6 de octubre de 2019, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó el análisis por el veto del Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes.

El documento -aprobado por unanimidad de 110 legisladores- plantea que los nombres de violadores de niños sean registrados para que no puedan laborar en lugares que estén en contacto con niños (escuelas, guarderías, conductores de buses escolares, etc.).

La asambleísta Lourdes Cuesta fue la ponente de esta propuesta.

En esta jornada, la Comisión inició el levantamiento de un informe que se entregará a Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, con todos los argumentos de constitucionalidad ratificándose en el proyecto.

Todo esto, para que a su vez ese informe vaya a la Corte Constitucional (CC) que se expondrá en una audiencia en donde el Legislativo defenderá su postura.

El Ejecutivo vetó por insconstitucionalidad los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Además de la disposición general, disposiciones reformatorias y disposiciones transitorias. Además, veta parcialmente el artículo 8 del proyecto.

Entre las objeciones se destacan que a la personas juzgadas por delito de violación se les está negando el derecho a trabajo. Cuesta reiteró que no es así. "El único impedimento que se pone es que (los violadores) no trabajen con niños y adolescentes".

Añadió que el proyecto de norma plantea que este grupo labore en lo que quiera, pero lejos de entornos con menores de edad.

El proyecto cuenta con 10 artículos, de los cuales nueve fueron objetados por inconstitucionalidad.

Es así que tienen que ir a la CC que deberá emitir un dictamen que tiene que ser acatado por la Asamblea.

La Asamblea tiene 10 días (los cuales se vencen el domingo) para presentar ese informe y posteriormente habrá una audiencia.

La CC tendrá que emitir un dictamen en un plazo de 30 días, a partir de que el Legislativo presente el informe.

"En ese escenario tenemos que acatar lo que diga la Corte porque es la máxima autoridad, pero vamos a defender nuestra postura porque este proyecto lo aprobamos por unanimidad", reiteró.

Cuesta explicó que en el único artículo en donde hace un veto parcial (que no va a la CC) el Ejecutivo sugiere una ley reformatoria al artículo 65 del Código Orgánica Integral Penal (COIP) para establecer la inhabilidad de ejercer un oficio, pero recordó que eso ya está contemplado en la Reforma al COIP.

El legislador Franklin Samaniego advirtió que la Mesa se ratifica al proyecto. La presidenta de la Comisión, Ximena Peña, se sumó a ese criterio y dijo que "es un deber de la Asamblea defender su trabajo". (I)