Toda persona que haya sido condenada y sentenciada por haber agredido sexualmente a niños, niñas o adolescentes será inhabilitada de por vida para volver a trabajar o relacionarse en actividades que tengan que ver con menores.

Esta es una de las disposiciones del proyecto de ley que propone la creación de un Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo trámite inició la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

El cuerpo legal de nueve artículos, cuatro disposiciones reformatorias, una disposición transitoria y una final, fue coordinado con los ministerios del Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, según su autora, la asambleísta Lourdes Cuesta.

El registro contendrá los nombres y datos de las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por el cometimiento de los delitos de trata de personas, inseminación no consentida, privación forzada de capacidad de reproducción, estupro, acoso sexual, distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes.

Además, abuso sexual, violación, utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, así como cualquier otro tipo que atente contra la integridad sexual de menores de edad.

De acuerdo al artículo 1 del proyecto, el registro lo manejará el Ministerio del Interior, el cual será el encargado de su creación, manejo, control y actualización.

Tras señalar que el registro tendrá el carácter de reservado para evitar actos de discriminación, Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que las empresas públicas y privadas que trabajen con menores, antes de contratar personal deberán solicitar como requisito el certificado de no estar registrados.

La legisladora Rosa Orellana fue más drástica al señalar que como aporte para esta iniciativa ha presentado a la Asamblea un proyecto para que a los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes se les aplique la castración química. Sin embargo, esta propuesta no es compartida por la presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga, ya que afecta la integridad física de las personas, lo cual está garantizado por la Constitución. (I)