Más de una hora comprando una pizza se demoró Eli (32 años). Ese tiempo fue suficiente para que Raúl Eduardo E. (32 años) pierda la cabeza.

“¿Tienes algo con el vecino de la pizza o qué?” le preguntó el hombre. Enseguida, a la chica le llegó un mensaje a su teléfono celular. “Eli, ¿qué sabes del video?”, le escribió un compañero de trabajo. Y Raúl Eduardo se transformó. Rompió la puerta del dormitorio y también la del baño en donde se escondió para agredirla. Golpeó su cabeza contra el inodoro. Le rompió la nariz, le afectó el lóbulo del ojo y tuvo múltiples hematomas en la cabeza.

A pesar de ello, Raúl Eduardo solo recibió una condena de 60 días de prisión. Ahora está en libertad y Eli no puede salir sola de la casa, siente miedo, tampoco puede conciliar el sueño. “¿Es justa esa pena? yo tengo secuelas físicas y psicológicas”, se pregunta la joven.

Según Eli, su agresión fue calificada como leve, ya que solo recibió 30 días de reposo médico. “Tengo rota la nariz, no puedo respirar bien, además tengo parálisis facial, no puedo dormir de los dolores por los hematomas, ¿de qué justicia hablamos?”, afirmó la joven. El agresor recibió una sanción económica de $ 2.300, “que de paso no pagó”.

La abogada Ana Vera es parte del colectivo Vivas nos queremos. Considera que el problema está en la mala calificación del delito por la Fiscalía. Afirmó que no hay un enfoque de género en quienes califican e investigan las causas y por ello estos problemas son identificados como violencia intrafamiliar.

A su criterio, penas para agresores como los de Eli son comunes. “Poner una denuncia se convierte en un reto para la mujer”, dijo la abogada, porque en muchos casos se encuentran con trabas y “se realizan una serie de peritajes sin explicarles para qué se realizan, tampoco reciben la anticoncepción de emergencia o para prevenir alguna enfermedad sexual”.

Vera explicó que hasta noviembre de este año hubo 78 femicidios. Mientras que en 2017 se dieron 129 casos.

Según la Policía Judicial, 1.298 personas fueron detenidas de enero a septiembre de este año, de ellas 730 fueron por violación, 65 por acoso y 503 por abuso sexual.

La abogada de Vivas nos queremos indicó que las actuales Unidades Judiciales de la Mujer y la Familia no son suficientes, además de que no están especializadas ni tampoco existen en zonas rurales.

Actualmente funcionan 30 Unidades Judiciales de Violencia de la Mujer y la Familia. La meta del Consejo de la Judicatura es contar con un juez en cada cantón. Sin embargo, ahora hay 91 jueces, pero existen 221 cantones en  el país. Estiman 145 jueces hasta 2020, pero aún faltarían 54 magistrados.

Carla (29 años) también fue víctima de agresión por el padre de su hijo. Le rompió el brazo y tuvo múltiples golpes. Fue sentenciado a 15 días.

La defensa de Eli interpuso un recurso de casación en contra de Raúl Eduardo E.  Según su abogada, María Fernanda Narváez, el caso de Eli no es el único. Por ello, la Defensoría del Pueblo presentará en los próximos días un informe sobre la situación. El problema, a su criterio, está en que los fiscales aplican la “ley del mínimo esfuerzo” para no investigar las causas.

Cree que el problema pasa por la ausencia de capacitación y sensibilización a los funcionarios judiciales. Además, según ella, el CJ debe realizar un proceso riguroso de selección de jueces.

Narváez también considera que el actual COIP permite que se aplique el procedimiento abreviado, que resulta ser “benigno y favorable para el agresor y desproporcional para la víctima”. (I)

Marco legal
La normativa vigente
El artículo 141 del COIP estipula al femicidio como el resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, que se dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.

4 años tiene el COIP, que por primera vez en el Ecuador tipifica el delito de femicidio e interpone agravantes para la sanción.

La sanción
El Código Orgánico Integral Penal estipula una prisión de 22 a 26 años por el delito de femicidio. La máxima pena se produce cuando el agresor arroja el cuerpo de la víctima a un lugar público.