Parecía un acto sencillo y que no traería consecuencia alguna. Joseph Esteban G., de 28 años, llamó el pasado 18 de abril al ECU-911 haciéndose pasar por el ministro del Interior, José Serrano, para exigir la liberación de Francisco J., quien había sido detenido por conducir en estado de ebriedad.

El requerimiento de Joseph G. no tuvo un resultado positivo, ya que Francisco siguió en reclusión. Y lo que es peor, a partir de esa llamada se iniciaron las investigaciones para descubrir quién había usurpado la identidad y el cargo del ministro Serrano.

El número celular de Joseph G. fue detectado y él fue detenido cuatro días después de haber realizado la llamada. Desde ese día, el implicado está con prisión preventiva y podría enfrentar hasta 5 años de cárcel.

Pero Serrano no es el único funcionario cuyo nombre ha sido tomado. Víctor M. no solo quiso sacar provecho de una situación específica, como el caso de Joseph G., sino que buscó ganar dinero a costas de engañar a los demás al hacerse pasar por Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia.

Víctor M. solicitaba, vía correo electrónico o por llamadas telefónicas, a diversos directivos del Ministerio de Salud Pública, que asignen un puesto de trabajo a determinadas personas a quienes él, supuesto Alexis Mera, recomendaba. Según investigaciones, Víctor M. cobraba entre 1.000 y 1.500 dólares para conseguirles trabajo en el Ministerio de Salud.

En este caso, el acusado podría pagar una pena de 9 años de prisión, según el artículo 339 del Código Penal ecuatoriano.

En la población en general los casos son más comunes de lo que se cree. Al ser robado en un bus y ser despojado de su documentación, un ciudadano debe poner de manera inmediata la denuncia en la Unidad de Contravenciones. Así evitará que su identidad sea utilizada para algún hecho delictivo que a la postre lo podría perjudicar.

De igual manera se debe actuar cuando alguna persona pierda su cédula, algún tipo de credencial que lo identifique, pasaporte o licencia de conducir.

Carlos P., de 45 años, perdió su billetera semanas atrás. En ella tenía su cédula de identidad y tarjetas de crédito. El hombre se demoró cinco días en poner la denuncia, por diversas ocupaciones. Una semana después le llegó su estado de cuenta y encontró consumos que él no había realizado.

Al verificar, observó que sus tarjetas habían sido utilizadas por personas extrañas. “No debí dejar pasar mucho tiempo. Los ladrones fueron hábiles y pudieron realizar consumos de casi 300 dólares que ahora debo pagar”, dijo la víctima.

Delitos de este tipo están tipificados en los artículos 239, 339 y 340 del Código Penal ecuatoriano. Las penas van desde 8 días a 3 meses cuando se trata de suplantación de identidad y de hasta 12 años cuando se trata de falsificación de documentos o de firmas.