En el sector Carcelén Bajo, barrio “Mastodontes”,  al norte de Quito, la construcción de viviendas de la inmobiliaria acusada de presunta   estafa masiva, Unión Constructora, está estancada hace más de 2 años.

Casas de bloque semiconstruidas,  columnas de hierro, pedazos de zinc y maltratados materiales, como adoquines, cemento, baldosas rotas y piedras, fueron dejados a la intemperie cuando la obra fue abandonada. Solamente un  débil cerramiento de tablas protege el terreno.

En el exterior, un letrero amarillento permite ubicar el lugar en el que se promocionaba uno de los conjuntos habitacionales, por el que más de 100 personas pagaron, pero que no fue concluido.

Lo mismo ocurre en otros sectores, como Chillogallo, el Puente Dos, T-Sur, entre otros, en los que la empresa también promocionaba viviendas. Incluso, el guardia de seguridad que allí  trabajaba abandonó el puesto hace 15 días, porque la empresa le adeudaba el sueldo de varios meses.

Frente a la construcción, un terreno baldío también era promocionado por la empresa, a pesar de que la propiedad  pertenecía a un oficial de Policía en servicio pasivo.

Según moradores, hasta la semana pasada se observó que muchas personas eran llevadas en furgonetas por trabajadores de Unión Constructora, para que  mostraran el lugar como un proyecto en construcción.

Mientras tanto, ayer se cumplió una semana desde que los presuntos perjudicados  protestan en los exteriores de las oficinas de la inmobiliaria,  ubicada en la avenida De Los Shyris y Telégrafo, exigiendo la devolución del dinero invertido por la adquisición de una vivienda.

Sin embargo, el gerente general, Javier Pachacama, a quien   identifican como la persona que desde hace 5 años les da largas para no entregarles las viviendas,  no se ha presentado en su oficina los últimos tres días.

Uno de sus abogados, Juan Francisco Velasco, intentó abandonar el edificio, la mañana del jueves, con la justificación de que debía encontrarse con Pachacama en otro sitio, inmediatamente fue interceptado por los perjudicados y obligado a regresar con resguardo policial.

La tarde de ayer, un representante de la Superintendencia de Bancos estuvo en el lugar y señaló que su trabajo era mediar los pagos entre la empresa y los clientes.

Según los afectados, Pachacama debe cancelar el dinero hasta el 22 de enero, caso contrario la empresa será intervenida.

Los perjudicados señalaron además  que Pachacama intentó burlarse por segunda vez de los clientes, pues les había dicho que si no notificaban a los medios de comunicación sobre los inconvenientes, que  les devolvería el dinero sin problema.

Sin embargo, Pachacama les puso como condición que le entregaran los documentos originales y certificados de pago que habían realizado a la empresa,  así los dejó sin un papel que los respaldara en el momento de denunciar la estafa. Los cheques que entregó a más de 30 personas no tenían fondos.

La mañana de ayer, perjudicados de otras ciudades, como Guayaquil y Santo Domingo, apenas se enteraron de los reclamos se dirigieron a Quito para sumarse a las protestas.

Hasta el momento no se ha establecido el monto del perjuicio ni la cantidad de afectados. Se conoce que Javier Pachacama es dueño de una vivienda en el exclusivo sector de Cumbayá, valle de la capital.