Por considerar que se ha demostrado el cometimiento del delito de peculado, la fiscal Ximena Moina solicitó el máximo de la pena que establece el art. 257 del Código Penal anterior (12 años) para la exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol L.

La misma pena para Bolívar B., Fernando G., Henry M., Griselda G. y Marco E., todos acusados como autores directos. Además, pidió al tribunal penal, integrado por los jueces Luis Manosalvas (ponente), Mabel Tapia y Galo Rumiguano, que imponga una reparación integral por $ 7’405.100, que deben pagar los seis acusados de manera solidaria.

El pedido lo formuló este viernes 8 de noviembre de 2019 en el alegato de cierre que presentó la fiscal Moina en la audiencia de juicio contra los procesados.

A este pedido se sumó el del representante del IESS como acusador particular y el de los delegados de la Procuraduría y Contraloría del Estado.

La Fiscal recordó que la investigación de este caso se inició con base en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría, sobre un examen especial al proceso de contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipo oftalmológico para 30 unidades médicas del IESS, a escala nacional.

La investigación de la Fiscalía estableció que María Sol L., en su gestión como directora del Hospital Carlos Andrade Marín, formuló la “necesidad de adquirir los equipos sin que existiera un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas”.

La compra tampoco contó con un estudio de mercado que justificara el precio y los beneficios para el IESS. Además, la procesada no tenía la facultad legal para requerir equipos y en ningún momento fue objetada por los directivos de la entidad.

Por ello se adjudicó el contrato a la empresa CMM Representaciones Cía. Ltda. por $ 30’127.700, es decir, $ 5 millones más de lo que ofertaba otra empresa.

Stalin Raza, abogado de María Sol L., aseguró que para la contratación se siguió el proceso establecido. Tras los alegatos de cierre, el Tribunal sentenció con un año de privación de la libertad para María Sol L. en calidad de cómplice y tres años al resto de procesados por ser autores del delito. (I)