Paúl Granda, expresidente del Consejo del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien fue vinculado a un caso de delincuencia organizada, mantiene estrategias legales para exponer su defensa.

El expresidente, a petición propia, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado el 10 de noviembre de 2020.

En esta diligencia, el exdirector planteó a Claudia Romero, fiscal de la causa, que revise y considere los documentos entregados en la versión realizada el 29 de junio de 2020, en donde expone que él lideró actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción durante el ejercicio de su cargo.

En diálogo con Diario EL TELÉGRAFO, Granda mencionó su postura frente a la vinculación en el caso que también están procesados los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla; además Michelle, Jacobo y Dalo Bucaram Pulley; su esposa Gabriela Pazmiño, así como Luis Jairala, gerente médico del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

¿Por qué consideró necesario ampliar su versión?
Porque siento que Claudia Romero, fiscal de la causa, ni siquiera ha revisado mis versiones. Si lo hubiera hecho tendría conocimiento de que hay documentos que demuestran que nosotros fuimos quienes investigamos este y otros casos de corrupción.

¿Cómo puede ser que una persona que presenta una denuncia sea señalado como parte de una estructura delincuencial?
Los hechos que se están investigando fundamentalmente son de 2016, 2017, 2018. Pero luego se amplió a 2019, cuando se firmaron esos supuestos convenios de pago en el hospital Teodoro Maldonado, sin justificación y sobre precios, para vincularme.
Entonces no se están investigando los hechos de la pandemia, como se ha mencionado en los medios de comunicación.

Además, en 2016, yo vivía fuera del país. Entonces cómo puedo formar parte de una estructura criminal para favorecer a otras personas.

Otro argumento para haberme vinculado, es que yo generé un marco normativo con un sistema contractual en 2019 para que a través de ínfimas cuantías se beneficien estos contratistas.

La Ley de Seguridad Social en su artículo 26 y 27 establece las competencias y no es competencia de un presidente firmar contratos.

Entonces ¿cómo se explica que usted que denunció un caso de corrupción, ahora esté con prisión preventiva?
El artículo 369 del Código Integral Penal (COIP) establece que la delincuencia organizada es un grupo estructurado donde cada una de las personas tiene un rol para cometer el delito.

Se supone que están investigando una estructura delincuencial que opera de manera reiterada, pero esa versión no es cierta. Yo no conozco, personalmente, a los miembros de esa estructura.

Al único que conozco es a Dalo Bucaram, pero por su presencia política. Yo no he incurrido en ese delito.

Pero se habla que usted ha estado en un departamento de Daniel Salcedo, también vinculado al caso... Su nombre aparece en la bitácora del edificio Torres Colón.
Yo no le conozco al señor Salcedo ni conozco sus propiedades.

¿Cuál es su relación con Luis Jairala, también vinculado en la causa?
A través de varios informes me enteré que Jairala, cuando fungía como gerente del hospital Teodoro Maldonado -nombrado mucho tiempo antes de mi administración- presentaba irregularidades.

Yo sugerí al Director General, porque yo no le puedo ordenar, que cese a Jairala del cargo. Esta sugerencia fue compartida con Felipe Peso, otro vocal del Consejo Directivo. El 8 de febrero de 2019, se le retiró del cargo; entonces no puede decirse que tengo alguna relación con Jairala.

Usted menciona que ha presentado los informes que apoyan su inocencia. Entonces ¿por qué lo vinculan?
No lo sé. No sé si es un asunto para mostrarse como un adalid en la lucha contra la corrupción. Pero a la corrupción se la combate con objetividad. Y no involucra a personas inocentes.

Yo en mi vida he tocado el cambio que olvidaba mi madre en el velador de su cuarto. Nunca he tocado dinero ajeno, peor formar parte de una estructura delincuencial para beneficio propio y ahí están los informes.

En su versión usted habla de la conformación de un Comité de Ética y Transparencia en su administración ¿hubo algún resultado?
Se conformó el Comité de Ética y Transparencia porque vimos que el problema de la corrupción en el IESS era estructural. Por ejemplo, entre 2016 y 2019 se conocieron tres casos, pero con el Comité de Ética, se descubrieron 180 casos de diferentes áreas, entre estos el del hospital Maldonado.

Mi honestidad se respalda con mi trabajo. Tengo 80 exámenes en la Contraloría que he pasado durante 20 años en el ejercicio público y jamás he tenido una sanción administrativa, peor un indicio de responsabilidad penal y ahora estoy vinculado y con prisión preventiva. Es una injusticia. (I)