Eran las 11:00 de este martes 1 de octubre cuando el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, declaró instalada la sesión 662 del pleno, con la presencia de 112 legisladores.

El tema de mayor interés era el segundo debate del Proyecto Ley Orgánica de Registro Nacional para Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (Revaas).

Tras superar los dos primeros puntos del orden del día, comenzó el trámite del proyecto. Su proponente e impulsora, la asambleísta Lourdes Cuesta, fue la primera en intervenir.

Alrededor de 18 minutos le tomó explicar los 10 artículos y disposiciones transitorias que tiene la ley, los objetivos y perspectivas.

Detalló que la propuesta tiene como finalidad convertirse en una herramienta que permitirá que aquellas personas que han cometido delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, queden inhabilitadas para trabajar.

Esta prohibición es para actividades que se relacionen de manera directa con este grupo de atención prioritaria.

Apoyada de videos explicó que en el registro estarán las personas mayores de edad, nacionales y extranjeras, que han cometido este tipo de delitos y la inhabilitación será por el  tiempo establecido en la sentencia condenatoria ejecutoriada.

Con las ideas totalmente claras, precisó que las entidades, autoridades, personas jurídicas o naturales que requieran contratar a alguien que involucre una relación directa con niñas, niños y adolescentes deberán exigirle y verificar con un certificado que no se encuentre inscrita en Revaas.

Esta medida incluye a las personas que laboran como voluntarias en guarderías, colonias vacacionales, entre otros sitios que tengan la presencia de menores.

Uno de los puntos polémicos de la ley, que fue objeto de diferencias en el año de trámite, llegó a consenso y fue anunciado por la parlamentaria. “La implementación, manejo, control y actualización del registro estará a cargo del Ministerio rector de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Se ha definido que será el Ministerio de Gobierno”, dijo.

Antes de finalizar su intervención que no tuvo reparos ni cuestionamientos, Cuesta destacó una de las disposiciones del proyecto de ley. Se refería a la que señala que “en 180 días el Ministerio de Gobierno implementará el sistema reglamentario, su uso y establecerá las medidas de seguridad necesarias”.

Antes de concluir, agradeció a los miembros de la Comisión de Justicia, que tramitó este proyecto, por la acogida y aportes. Pero su gratitud se extendió a todos los sectores que intervinieron en la estructura del cuerpo legal, al que lo calificó como el resultado de “grandes consensos”.

Y esto se evidenció en el resto de intervenciones. Socialcristianos, correístas, morenistas, independientes y de todas las corrientes políticas coincidieron en la necesidad de este cuerpo legal y su respaldo.

No obstante, hubo observaciones que pidieron se incluyan en el cuerpo de ley. Una de ellas la de la legisladora Marcela Aguiñaga (RC), de que se tome en cuenta que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya contienen sanciones a violadores y agresores sexuales.

A su vez Silvia Salgado (PSE) pidió que se incluya la temporalidad, en el sentido de que todos los casos que tengan sentencia formen parte del registro. En la sesión, que se cumplió a doble jornada, hubo 26 intervenciones.

A las 17:07 el proyecto se sometió a votación. El resultado fue por unanimidad, 110 votos a favor de igual número de asambleístas presentes.

El cuerpo legal será sometido a codificación y en dos días se lo remitirá al Ejecutivo para la sanción del Presidente de la República. (I)