David Jacho, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de dispositivo electrónico (grillete) para la asambleísta Karina Arteaga. 

Esta fue la resolución que anunció el magistrado luego de la audiencia de formulación de cargos, instalada la mañana de viernes 25 de septiembre. 

Además, se ordena la retención de los valores económicos de las cuentas bancarias de la procesada, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. Además se abre la instrucción fiscal de 90 días. 

La legisladora es investigada por presunto delito de concusión. La audiencia se efectuó días después de que el Pleno de la Asamblea Nacional autorizara (con 101 votos) el enjuiciamiento penal.

En marzo pasado, la fiscal General de la Nación, Diana Salazar solicitó a Jacho que se levante la inmunidad parlamentaria de la legisladora para que se fije fecha para formular cargos.

La Fiscalía realizó una investigación en contra de Arteaga, ante una denuncia que señalaba que la legisladora habría exigido a sus colaboradores, una cuota de sus salarios, para beneficios de Alianza PAIS, partido al que pertenecía.

Andrea Utreras, exasesora de la legisladora, aseguró que ella y otros colaboradores tuvieron que pagar cuotas mensuales.

En la diligencia se encuentra el fiscal General Subrogante, Wilson Toainga, quien para presentar la formulación de cargos, señaló que Arteaga exigió "aportaciones indebidas" a sus subrogantes a través de terceros.

Detalló que en reuniones, Arteaga dijo que se podía conseguir empleo pero con un aporte mensual para el Movimiento Alianza PAIS, además dijo que se identificó la existencia a la cuenta del esposo de la legisladora por la cantidad de $ 31.000.

En esa línea, Toainga enumeró los fundamentos de la formulación de cargos. Entre ellos se encuentran la denuncia de Utreras, el informe de la UAFE con las cuentas de Arteaga. También algunos oficios como es el de Talento Humano de la Asamblea Nacional, otro del análisis telefónico de la asambleísta y el listado de personas que trabajan con ella.

Además, la versión de Verónica Pinoargote, quien entregaba un valor de $ 20 mensuales, certificaciones bancarias, entre otros documentos.

Toainga solicitó la medida cautelar de prisión preventiva contra la asambleísta, por presunto delito de concusión. Y reiteró que las medidas alternativas no son suficientes para la persona vinculada, ya que existe la posibilidad de fuga. 

Leonardo Rosillo y José Luis Zambrano, defensores de Arteaga, señalaron que lo planteado por la Fiscalía es una hipótesis, que si bien se ha realizado un análisis de las diligencias, se trataron de antecedentes para gestionar el ejercicio de la acción penal pero no constituyen elementos. 

La defensa agregó que la Fiscalía solo presentó 11 versiones y un par de pericias. Añadió que el entorno de los hechos nunca puntualizó cuándo se realizaron las supuestas infracciones y que las personas que denunciaron el supuesto acto no entregaron dinero a otras personas, por lo que deslindó la participación de su defendida. (I)