Indira Gorety C. S. fue sentenciada a ocho años de reclusión menor ordinaria, como autora del delito de peculado, en el caso conocido como desvío de fondos del Ministerio del Ambiente.

La decisión fue anunciada por la Sala Penal Única de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, durante la reinstalación de la audiencia de apelación.

El Tribunal de Alzada utilizó los alegatos presentados por el fiscal Gustavo Benítez, de la Unidad Especializada de Investigación (Unidot).

Según la Fiscalía, sus argumentos rompieron el estado de inocencia de la exdirectora Financiera del Ministerio del Ambiente y responsable directa de la cuenta SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), asignada a la cartera de Estado.

Así se revocó la sentencia que la consideró inocente y que fue dictada por el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el 4 de febrero de 2014.

Igual suerte corrieron Ana de Lourdes L. M. y Ruth Alexandra Z. C., excontadora y extesorera encargadas, respectivamente, del Ministerio.

La Sala Penal revocó el estado de inocencia y complicidad y las declaró autoras de peculado. La Fiscalía investigó este caso con base en un Informe de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP) de la Contraloría General del Estado.

En primera instancia, junto con pruebas recolectadas en la investigación, alcanzó sentencias condenatorias (autores y cómplices) para 47 ciudadanos, entre funcionarios públicos y civiles. También se declararon inocencias.

En el actual recurso de apelación, la sentencia mixta de la Sala Penal Única quedó de la siguiente manera: veintidós personas condenadas como autoras, seis como cómplices, dieciocho declaratorias de inocencia y una extinción de la acción penal por el fallecimiento -debido a causas naturales- de un procesado.

Ordenó además abrir nuevas investigaciones a otros cinco presuntos participantes, ya que el delito de peculado no prescribe.

Los pasos del delito

Entre el 1 y el 24 de mayo de 2012, desde la cuenta del Ministerio del Ambiente se efectuaron 79 transacciones bancarias a 41 cuentas de terceros, sin documentos que respaldaran prestaciones de servicios.

En esas tres semanas se desfalcaron $7’360.798 con 75 centavos del erario público. (I)