Mañana, viernes 11 de septiembre, vence el plazo para que las 20 personas sentenciadas por delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, presenten sus recursos de aclaración y ampliación al dictamen emitido por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. 

El pasado lunes, 7 de septiembre, los jueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, ratificaron la sentencia de prisión para el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros altos funcionarios de ese régimen. 

Una de las primeras medidas que se debe cumplir es la localización y detención de las personas involucradas.

Durante un informe sobre la situación del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que se realizó este jueves 10 de septiembre, María Paula Romo, ministra de Gobierno, explicó cuál será el rol que debe cumplir la Policía para la detención de los sentenciados. "La Policía tendrá la labor de ejecutarla", reiteró.

En ese sentido, recordó que las detenciones van a varias, ya que los sentenciados atraviesan por situaciones diversas.

Algunos están en calidad de prófugos, como es el caso del expresidente Correa, quien se encuentra en Bélgica, desde 2017.

Pasa lo mismo con Vinicio Alvarado, quien ha radicado en Venezuela, o el exsecretario del Agua, Walter Solís, quien radica en Estados Unidos.

También es el caso de la exministra de Obras Públicas y Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien -desde el 12 de agosto- se encuentra en la embajada de Argentina en Quito.

"Hay personas que están privadas de libertad y que han vuelto a recibir una sentencia, hay personas que han fugado a través de entrar a una embajada aprovechándose de la figura del asilo", explicó.
En ese sentido, la ministra señaló que la Policía dará una respuesta cuando tenga que ejecutarse la sentencia. (I)

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