Para muchos, el 07 de septiembre de 2020 quedará marcado en la historia de nuestro país, como el día en que se hizo justicia en contra de una de las redes de corrupción más aborrecible de las que el Ecuador ha sido víctima, encabezada por el ex Presidente, Rafael Correa, una vez que el Tribunal de Casación en el caso “Sobornos 2012-2016” ratificó la sentencia de ocho años de prisión contra el exmandatario y otros procesados, entre los que se encuentran ex servidores públicos de rango jerárquico superior y varios empresarios. Sin embargo, otra parte de la población considera este día como aquel en que se demuestra, de manera inequívoca, que la justicia cumple con el principio procesal de celeridad, dependiendo de la causa que se trate.

Probablemente los sentenciados acudan una vez más ante la justicia, esta vez en el ámbito constitucional, con la interposición de la acción extraordinaria de protección, la que de ninguna manera suspende la ejecución de la sentencia y sus efectos, pero su presentación servirá para cumplir con el requisito de agotamiento de los recursos internos, que es necesario para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma a la que paradójicamente el ex presidente Correa, no le reconocía jurisdicción; pero, que en cumplimiento de su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas, será competente para conocer de este caso.

Por otro lado, cabe resaltar que el marco constitucional actual, determina que la condena ejecutoriada por delito de cohecho, es imprescriptible e implica la inhabilitación perpetua para ser candidatos a cargos de elección popular.

Existe alegría en quienes amamos y promovemos día a día la justicia, ya que este histórico fallo, envuelve la esperanza de una mejor administración pública, aunque sin olvidarnos que la corrupción es un mal estructural que afecta a todas las esferas de nuestra vida diaria y que todavía está latente, siendo además, un importante recordatorio para nuestros gobernantes, que en el ejercicio de sus funciones deben siempre obrar de manera ética y con estricto apego al ordenamiento jurídico.  

Esta sentencia no asegurará a futuro la transparencia y el respeto del Estado de Derecho, por lo que debemos prestar especial atención a quienes les otorgamos la confianza de dirigir el destino de nuestro país en los próximos comicios, pues la democracia no se gana en los tribunales, se lo hace en las urnas. (O)