A dos semanas de que volvió la paz al país luego de 11 días de protestas y movilizaciones, encabezadas por el movimiento indígena en contra del Decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles, está definido el saldo de estas jornadas.

A los muertos, heridos, daños materiales, económicos y otros (ver infografía) se suma un listado de 19 figuras públicas cuya situación legal ha sido afectada.

Asambleístas, prefectos, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un alcalde, un dirigente gremial, entre otros, están en la lista.

Lo que más ha llamado la atención es el caso de los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, Soledad

Buendía, Carlos Viteri y el alterno Luis Molina, quienes se encuentran refugiados en la embajada de México en Quito.
Según el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, los legisladores iniciaron el proceso de trámite de asilo político.

Además se les suspendió el pago del sueldo a cada uno.

En la Fiscalía no se ha oficializado acción legal alguna que se haya iniciado contra estos cuatro asambleístas.

En la embajada de México también están los esposos de Rivadeneira, Luis Flores; de Buendía, Edwin Jarrín, exvicepresidente del CPCCS; de Viteri, Tania Pauker, exvocal del CPCCS; y Leonidas Moreno, procurador síndico de la Prefectura de Pichincha.

A diferencia de las ocho personas mencionadas hay seis detenidos, entre ellos dos prefectos, un asambleísta, una exalcaldesa, un concejal y un asesor.

Se trata de la prefecta de Pichincha, Paola P., investigada por el delito de Rebelión, al igual que su asesor Christian González.

Amado Ch., prefecto de Sucumbíos, procesado por el delito de paralización de servicio público en el que también están involucrados y detenidos el asambleísta de la RC, Yofre P. y el concejal de Lago Agrio, Hugo B.

La sexta figura pública detenida es la exalcaldesa de Durán, Alexandra A., indagada por asociación ilícita.

A su vez para el exasambleísta y actual coordinador de la (RC), Virgilio Hernández, pesa una orden de prisión con fines investigativos por presunta instigación.

Luego de 19 días de detenido, salió en libertad el presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, Jorge Calderón. Pero la cárcel fue cambiada por otras medidas, como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante el juez. Es investigado por la paralización del servicio público.

En tanto, para el presidente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas; el prefecto del Azuay, Yaku Pérez; y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hay denuncias e investigaciones a cargo de la Fiscalía.

La colectividad está pendiente de lo que suceda con estas 19 figuras públicas. (I)