A tres meses 13 días de la emergencia sanitaria por el covid-19, las denuncias e investigaciones por presunta corrupción en la compra de bienes, medicinas e insumos médicos para combatir la pandemia, continúan.

La Contraloría General del Estado lleva adelante alrededor de 60 exámenes especiales y hasta el momento ha emitido dos informes con indicios de responsabilidad penal: uno por el caso mascarillas del IESS y otro por el caso kits alimenticios de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

A su vez, la Fiscalía investiga presunto peculado, tráfico de influencias, defraudación tributaria, asociación ilícita, entre otros delitos que se habrían cometido en 25 contratos suscritos por organismos del sector público durante la emergencia.

De esas investigaciones, solo dos tienen avances y están en instrucción fiscal: las compras con sobreprecio realizadas por el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil; y la compra de 7.000 kits de alimentos de la SNGR. Las otras 23 están en investigación y por ello los avances se mantienen en reserva.

Municipios, prefecturas, empresas públicas, Cuerpo de Bomberos, entre otros, son investigados, en especial hospitales.

Son alrededor de 30 casas de salud a nivel nacional, de ellas 14 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como lo confirmó el presidente del Consejo Directivo del organismo, Jorge Wated; un hospital de la Policía y el resto del Ministerio de Salud Pública.

Los dos últimos escándalos se hicieron públicos entre el miércoles y ayer. Fiscalía efectuó allanamientos en el Municipio de Quito y en la Prefectura del Guayas, por presuntas anomalías en la compra de insumos médicos.

Las facilidades de la emergencia

Debido al covid-19, el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional y, con ello, 795 entidades públicas se declararon en emergencia sanitaria, con el propósito de acelerar la adquisición de implementos médicos, de bioseguridad, de limpieza, etc.

Esto motivó a que no se cumplan los procesos normales de contratación pública y se facilite el cometimiento de irregularidades.

La directora del Sercop, Silvana Vallejo, reveló ayer que cerca de 800 entidades han ejecutado 4.443 compras por emergencia, en las cuales se adjudicaron $ 132’615.134 a cerca de 2.500 proveedores del Estado.

El Gobierno Nacional tiene definida su política anticorrupción en siete puntos: Cero tolerancia, combate a la corrupción institucionalizada en los últimos 10 años, libertad para que periodistas y activistas puedan investigar, transparencia total, respeto a la independencia judicial, colaboración con la justicia y mayor control al sistema de contratación pública. (I) et

Siete funcionarios del IESS fueron separados del cargo

Desde que empezaron las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos y medicinas en los hospitales del IESS, siete personas han sido separadas de sus funciones; de ellas, cuatro guardan prisión preventiva.

Así lo confirmó Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, durante una entrevista en radio FM Mundo. “Se ha separado a siete personas y se incrementará el número en los próximos días. Cuatro están detenidas, y las tres restantes, en investigación”.

Wated reveló que ha remitido a la Contraloría más de 614 denuncias de contratos; y a la Fiscalía han enviado 10, con información de los sitios donde halló problemas.

Dijo que seguirá luchando contra la corrupción. “Hay 14 hospitales que están en la mira de la Contraloría y de la Fiscalía. Tendrán que tomar resoluciones en función de la información que entreguemos”. Está en revisión el perjuicio a la entidad. (I)