A dos meses de las protestas promovidas por la dirigencia indígena, la justicia avanza en el trámite de los procesos penales, iniciados contra quienes cometieron delitos.

Según informó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre se receptaron 595 denuncias o noticias de delito a nivel nacional.

Hubo 1.419 detenidos, de los cuales alrededor de 370 fueron procesados; el resto recobró su libertad a los pocos días.

Entre los delitos de los que se les acusa están terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación a la discordia, rebelión e instigación.

Además, omisión de medidas de protección, secuestro, tentativa de asesinato, sabotaje, destrucción de registros, saqueo, robo, asalto y atentado a la propiedad.

De las 595 denuncias que recibió la Fiscalía, 15 han sido las de mayor relevancia por las personas involucradas, entre ellas funcionarios, exfuncionarios, dirigentes y figuras públicas, y por la gravedad de los delitos y las consecuencias que trajeron consigo.

Los 15 casos

De acuerdo con información oficial y pública de la Función Judicial, por los hechos de octubre ya existen dos sentencias. Cinco procesos están en instrucción fiscal y ocho en indagación previa.

Una de las sentencias corresponde al caso del joven universitario Pablo C., quien el 17 de octubre fue condenado en Cuenca.

La pena impuesta fue cuatro meses de prisión, tras ser acusado del delito de incitación a la discordia entre ciudadanos.

Otras de las sentencias recayeron sobre el asambleísta de la Revolución Ciudadana Yofre P. y el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch. 

Ellos fueron condenados a un año cuatro meses de prisión, en calidad de cómplices del delito de paralización de servicio público. En este caso siete personas más fueron sentenciadas.

Respecto a los procesos que están en instrucción fiscal (paso previo para la etapa de juicio), dos se relacionan con el ataque e incendio de la Contraloría General del Estado.

En este caso son 34 los procesados, todos libres, entre ellos seis menores de edad. Se los acusó de terrorismo, pero son procesados por sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

Un tercer caso es el de rebelión, por el cual están detenidos la prefecta de Pichincha, Paola P.; el exasambleísta Virgilio H., y el asesor de la Prefectura, Christian G.

También en esta causa se encuentra con medidas cautelares Pablo D. H.

El cuarto proceso es por el ataque e incendio a Teleamazonas. Fueron denunciados por terrorismo, pero los cuatro vinculados consiguieron que se cambiara la figura de delito por daño a bien ajeno.

Finalmente, está el caso del presidente de la Federación Nacional de Operadores de Taxis del Ecuador, Jorge C., quien es procesado por la paralización de servicio público.

Tras 19 días de estar detenido salió libre, pero tiene medidas cautelares.

En investigación

En indagación previa o investigación, se hallan ocho casos. El primero, por la incursión y toma de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Fueron detenidas 72 personas, pero salieron libres a los dos días. Se denunció daño a bien ajeno, ataque o resistencia, paralización de servicio público y participación de grupos subversivos.

Por instigación son indagadas las asambleístas Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana.

El alcalde de Quito, Jorge Y., es indagado por presunta omisión de medidas de protección a personas y bienes protegidos, respecto a las funciones y obligaciones inherentes a su cargo.

Otra es la indagación contra los dirigentes indígenas Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Leonidas Iza y Rafael Pandam.

Los delitos por los cuales se los investiga son instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo.

Una quinta indagación es en contra de Radio Pichincha Universal, por incitación a la discordia entre ciudadanos.

La sexta es contra la exalcaldesa de Durán, Alexandra A., por asociación ilícita. En esta causa son indagadas cuatro personas más. Ella recuperó la libertad, pero está con medidas cautelares.

La séptima es la investigación por tentativa de asesinato contra tres funcionarios de Gobierno, entre ellos dos ministros, por haber dispuesto el uso de la fuerza en las protestas.

Finalmente, está la indagación por tentativa de asesinato al periodista Freddy Paredes. El procesado es José Manuel G., quien no ha sido localizado. (I) 


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Jaime Vargas, de la Conaie, enfrenta cinco indagaciones

Conforme avanza el tiempo las denuncias pueden ser archivadas o pasar a la fase de indagación previa. Todo depende de los elementos que se recopilen en las investigaciones que realiza la Fiscalía. Entre ellas hay varias por las que se guarda expectativa, como por ejemplo las cinco denuncias contra el presidente de la Conaie, Jaime Vargas y otros dirigentes.

Se trata de denuncias particulares presentadas por Alberto Dahik, exvicepresidente de Ecuador, quien lo acusó de pedir el cierre de válvulas por donde pasa el petróleo.

Las otras quejas judiciales las presentaron el activista Carlos Coloma por delito de odio; la Policía, por secuestro; Marcelo Hallo, por sabotaje y rebelión.

Y la propia Fiscalía actúa de oficio por la supuesta promoción de grupos subversivos. Esto a propósito del anuncio de Vargas de crear un ejército paralelo.

También están las del Ministerio de Salud por el ataque a las ambulancias, por daños a recintos militares y otras.

El jurista Luis Mier opina que la cantidad de denuncias está bien en la medida en que esos delitos hayan existido y tengan elementos de convicción. (I)