Tras la inscripción de  los consultorios jurídicos gratuitos del país, que se dio entre el 17 de junio y 17 de julio pasados, la Defensoría Pública efectúa el proceso de análisis y verificación de requisitos para remitir las respectivas acreditaciones o autorizaciones de funcionamiento.

Ernesto Pazmiño, director de la Defensoría Pública, informó que hasta el momento se ha analizado la documentación de 35 estudios jurídicos y falta aún revisar unos 10. Luego de ello, en unos 15 días se iniciaría la entrega de las acreditaciones para que puedan funcionar legalmente.

Este número de consultorios, enfatizó Pazmiño, corresponde solo al de las universidades del país que cuentan con facultades de Jurisprudencia y que respondieron oportunamente a la convocatoria que hizo el organismo para  inscribirse.

Personal del Comité de Acreditación de la Defensoría Pública está analizando toda la documentación...“Tuvimos una respuesta muy positiva, el ciento por ciento de las universidades  que tienen facultades de Jurisprudencia se inscribieron en la Defensoría Pública para que se acrediten sus estudios jurídicos”, manifestó Pazmiño, quien agregó que no se obtuvo la misma respuesta de las aproximadamente 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el país y que se dedican regularmente a la asesoría o patrocinio legal gratuito.

Esto, a pesar de que al proceso de calificación también fueron convocados los gobiernos autónomos descentralizados, los gremios de profesionales del derecho, organizaciones de base y asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

“No sé si se confundieron creyendo que la convocatoria era solo para las universidades; puede ser una razón, no obstante, vamos a insistir y les  remitiremos un comunicado o cartas individuales para que se acerquen, puesto que por los costos no se podrá publicar otra convocatoria en la prensa, porque  si no se acreditan,   no podrán hacer este tipo de trabajo”, dijo.

Con un abogado permanente

Al referirse a este tema, Francisco Zambrano, secretario ejecutivo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), afirmó que uno de los problemas por el que decidió no inscribir al ente que representa, fue porque una de las condiciones es que se debía contar con abogados permanentes, y esa ONG, como muchas otras, no cuenta con un presupuesto para pagar un sueldo a los profesionales.

En ese sentido, el dirigente explicó que, normalmente, cuando un usuario se acerca al Comité a pedir asesoría, se lo envía a uno de los estudios particulares de abogados activistas de Derechos Humanos, pero no se ventila el caso jurídicamente en las dependencias.

Acotó que la Defensoría Pública, como interesada de que este proceso regularice a esos centros y a sabiendas de que este tipo de organismos no cuenta con presupuesto propio, debería crear una partida para destinar al pago de honorarios de los abogados y ahí sí poder contratar a los que se requiera.

Consultorios por especialidad

Sobre el proceso de regularización, Pazmiño explicó que los parámetros en que se basa el análisis previo a la acreditación se relacionan con: la infraestructura, el número de abogados que se comprometen a incorporar, el número de estudiantes, las horas de servicio y otros puntos. Dichos requisitos constan en un reglamento que la Defensoría elaboró y difundió previamente.

En esa acreditación se determinará en qué ámbitos trabajará cada uno de los consultorios, es decir, que unos se especializarán en materia laboral, otros en materia de niñez, unos en violencia intrafamiliar, civil, tránsito, etc.

Esta especificación se hará de acuerdo con el lugar donde están ubicados y las demandas que existen en las respectivas provincias en donde están los estudios jurídicos de las universidades y de entidades públicas, como los consejos provinciales y cantonales, que también se han sumado al registro.

En el proceso se informó que con esta iniciativa se busca que los consultorios gratuitos universitarios puedan ir a los barrios más vulnerables para ofrecer soluciones jurídicas a los ciudadanos, sobre todo en el área de la niñez, adolescencia y violencia intrafamiliar.

Pazmiño informó que inicialmente se acreditará a todos los estudios jurídicos de las universidades que se han inscrito en el período reglamentario, aunque en los permisos de funcionamiento la Defensoría Pública  advertirá a los que tengan problemas de personal, infraestructura, u otros, y se les otorgará un período de entre seis meses y un año para que tomen los correctivos.

DATOS

La Defensoría Pública inició el proceso de acreditación cumpliendo lo dispuesto en los artículos 193 de la Constitución y el artículo 286, numeral 9. Los artículos 292, 293, 294 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en el Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, publicado en el  Registro Oficial No. 4, del 30 de mayo de 2013.

La obligatoriedad de las universidades de garantizar y mantener servicios de asesoría jurídica a personas de escasos recursos se establece en el artículo 193 de la Constitución aprobada en 2008 y en el 292 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Los consultorios jurídicos que brinden asistencia gratuita y que no obtengan la autorización en este proceso de regularización, no podrán funcionar.