A 12 años de vida institucional, la Defensoría Pública (DP) espera que se cumpla lo que determina la Constitución, para lo cual ha pedido la intervención del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Asamblea Nacional.

La Carta Magna establece, en su artículo 191, entre otras cosas que la DP “contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado”.

Ángel Torres, defensor Público General, dijo estar empeñado en esto para mejorar el servicio a la ciudadanía y la situación de los defensores. Por ello, el pasado 4 de septiembre entregó al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública para su respectivo trámite.

En este documento se establecen directrices para prestar asistencia legal integral, garantizar el derecho ciudadano a un eficaz acceso a la justicia y a una defensa técnica gratuita de calidad. Pero también se determinan acciones para el cumplimiento del mandato constitucional en torno a la homologación de sueldos con los fiscales.

Torres expresó que los 733 defensores trabajan en condiciones desiguales, los siete días a la semana, las 24 horas del día y en turnos rotativos.

El sueldo que perciben es de $ 2.308 mensuales, mientras que los fiscales tienen una remuneración inicial de $ 3.188. La propuesta plantea partir de una base de $ 3.188 y que se impulse un proceso de categorización cada tres años, hasta que se equiparen los salarios con los de la Fiscalía.

Para el titular de la Asamblea, César Litardo, la homologación salarial es justa y señaló que está dispuesto a promover una reunión con el Ministerio de Trabajo para encaminarla, luego de que se hayan cumplido los trámites correspondientes en el CJ.

El Defensor Público manifestó que el pedido de homologación ya se tramitó en la Judicatura desde mayo de 2018, cuando se conformó una mesa técnica que emitió los informes respectivos. En la actualidad se espera el aval para seguir las gestiones en los ministerios de Finanzas y Trabajo, agregó.

Al referirse al contenido de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, calificó como un viejo anhelo del que se beneficiará la ciudadanía que requiere los servicios de este organismo. “La tutela de derechos prevé el acceso a la justicia, a una justicia gratuita y expedita, además que exista el debido proceso y la seguridad jurídica”, manifestó.

Torres indicó que la homologación salarial representaría alrededor de $ 10 millones. “No es un presupuesto mayor si se compara con el beneficio a los usuarios en patrocinio y defensa”, dijo.

“Lo que nosotros hacemos es exigir lo que la ley nos ampara”, señaló el defensor Público, Danilo Sulca, al indicar que lo mejor será, además de la remuneración, “tener las mismas condiciones administrativas y logísticas que los fiscales”.

María Eugenia Lagos, defensora pública del Área de Ejecución de las Penas, consideró injusta la forma como se trata a los defensores. “Independientemente de cuál sea el sueldo, el trabajo del defensor es de enorme importancia, porque defendemos a las personas que no tienen dinero para pagar un abogado y lo hacemos con pasión”, remarcó.

Recordó que en un proceso legal hay tres actores principales; el juez, el fiscal y el defensor, quienes actúan y trabajan por igual, por lo que no debería haber “diferencias ni desigualdades”.

Eduardo C., quien prefirió no dar a conocer su apellido, indicó que tres años fue defensor, pero cuando se abrió un concurso para fiscales se postuló y ganó. “Deje la Defensoría porque el sueldo es bajo”, dijo, al revelar que muchos colegas han hecho lo mismo. (I)