María Alejandra R. se animó a buscar asistencia legal. Ella es madre de Rafael, un niño de 3 años. Desde 2018 hasta junio de 2019, el padre del pequeño no le pasa la pensión alimenticia ($ 180).

“Dice que la plata no le alcanza, porque debe mantener a otra (pareja)”, narró María.

La mujer, de 32 años, ha tratado de localizar al progenitor para exigir el valor acumulado de las pensiones: unos $ 3.240.

Ella contó que los primeros cuatro meses que dejó de recibir la mensualidad no reclamó los haberes. Pero hace dos meses, el pequeño Rafael sufrió una neumonía y fue ingresado en Emergencia.

La cuenta en la clínica fue de $ 1.200, aparte de las medicinas en las que invirtió $ 280. Su hermana la ayudó a cubrir los gastos con tarjeta de crédito. “No es justo que el padre no dé la cara”, exclamó la mujer.

María Alejandra reconoció que no denunciaba a su expareja porque no tenía dinero para costear un abogado.

Una prima le contó que la Defensoría Pública brinda servicio de asesoría legal y se animó a pedir ayuda.

El miércoles 16 de octubre, la mujer llegó a una de las unidades móviles de la Defensoría que se instaló en la parroquia de Nayón, nororiente de Quito (Pichincha). El servicio es gratuito.

Ángel Torres, defensor público general, informó que para este proyecto se invirtieron $ 300.000.

En el último año de gestión han visitado de forma paulatina a 63 parroquias de Pichincha (entre urbanas y rurales). En total brindaron servicio en 105 barrios y sectores, así como beneficiaron a 2.600 personas.

También se movilizaron a provincias cercanas, como Cotopaxi, debido a la presencia del Centro de Rehabilitación Social (CRS), Regional de Latacunga.

Torres destacó que se plantea expandir el servicio, incluso durante las emergencias carcelarias, y llegar hasta  las zonas fronterizas.

Además, está en proyecto adquirir dos unidades para la región Costa, para brindar el servicio a más habitantes.

María Alejandra solicitó la ayuda con su niño en brazos. Ingresó en la oficina de los consultorios legales, que funcionan en buses gigantes llamados Defensorías Móviles.

La madre hizo fila durante 20 minutos, porque delante de ella había seis personas que llegaron “por curiosidad”.

Un funcionario de la Defensoría Pública le explicó cuáles son los recursos legales con que cuentan para iniciar el trámite a favor de su hijo. La mujer se benefició con el servicio gratuito.

En esos buses, los defensores públicos recorren barrios y parroquias de Quito, provincia de Pichincha, para ofrecer asistencia legal a la ciudadanía.

Las unidades brindan servicios de asesoría jurídica y, en caso de determinar que una persona necesita patrocinio, se la deriva a los puntos de atención más cercanos y se da seguimiento a la causa.

Atención en diversas materias
Fernando Jácome, defensor público, aseguró que los casos más frecuentes que piden asistencia son por demanda de alimentos y derechos laborales.

También son recurrentes los de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, legalización de tierras no invadidas y refugio, indicó Jácome.

“Durante la asesoría se orienta a los usuarios sobre el proceso a seguir y se les entrega material informativo de la institución”.

Por esa situación pasó Yodaira Zulema, de nacionalidad venezolana, nacida en Maracaibo. Ella acudió para buscar información sobre la legalización de su permanencia en Ecuador.

Zulema manifestó que se cansó de recibir amenazas de despido, porque no es legal su estadía en el país. Su pasaporte expiró hace un año.

El servicio de consultoría y apoyo legal de la Defensoría se cumple entre las 09:00 y las 16:00. 

María Alejandra y Yodaira reconocen que el servicio es  útil porque, en sus casos, no sabían a quién pedir ayuda o si los consejos que les dan son los correctos.

“Ahora estoy dispuesta a hacer valer los derechos de mi hijo”, expresó María Alejandra. (I)