Para los concejales Luis Reina, Mario Guayasamín y Susana Castañeda, así como para varios ciudadanos consultados por los Medios Públicos, los problemas que afronta Quito y sus habitantes harán recordar la gestión de Mauricio Rodas como una de las más polémicas de los últimos años, cargadas de problemas.

Coinciden en señalar que uno de sus ofrecimientos de campaña fue bajar las multas, especialmente contra los infractores de tránsito, lo que acarreó problemas y sumió a Quito en el caos. Hoy se parquean en cualquier sitio y a toda hora, lo que ha generado el malestar de los transeúntes y la ciudadanía en general.

En el tema de movilidad, Rodas prometió solucionarlo en seis meses, pero una ciudad lineal como es Quito, con apenas tres avenidas grandes de desfogue, las personas consultadas coinciden en decir que es imposible solventar el problema, menos si no se tienen los estudios técnicos y adecuados.

Han pasado más de tres años de la administración de Rodas y la movilidad en Quito, con alrededor de 2’644.145 de habitantes y un parque automotor en constante crecimiento, sigue siendo caótica. Esto se evidencia especialmente en las horas de mayor tráfico, cuando el traslado hacia el Valle de Los Chillos, la Mitad del Mundo y otros sectores toma al menos una hora y media.

Rodas prometió el sistema Quito Cables como una medida para mejorar la movilidad en Quito.

Igualmente, a más de tres años de su administración, la obra sigue parada y el Cabildo enfrenta un problema con los moradores por donde pasaría este sistema, especialmente de El Condado, en el norte de la urbe.

Los moradores aseguran que el Alcalde jamás socializó el tema y lo acusan de pactar con gente a la que no le afecta el proyecto.

Los concejales citados y los habitantes consultados dicen que esta obra, que costaría unos $ 50 millones, no será una solución al problema de la movilidad en el noroccidente de Quito.

Problema similar afronta la obra del túnel Guayasamín. Moradores del barrio Bolaños aseguran que el Burgomaestre los “engañó” y que no  compartió el proyecto para el desalojo de sus viviendas. Dicen que todo se pretendió hacer por la fuerza. El proyecto se encuentra actualmente paralizado.

La administración del Alcalde es señalada también por la falta de planificación en la urbe y de liderazgo político.

Mauro T., uno de sus asesores ahora implicado en el presunto delito de asociación ilícita, fue detenido por la Fiscalía para  investigaciones. Se lo implica en manejar una suma alta de dinero, al parecer fruto de la exigencia indebida de dinero a los transportistas de taxis y buses para “ayudarlos” en los procesos de regularización y otorgarles permisos de operaciones.

Transportistas afectados denunciaron que Mauro T. participó incluso en sesiones de trabajo en la Alcaldía, a nombre del alcalde, igual que en los diálogos que se mantenía con los concejales.

En el caso Odebrecht, Rodas viajó a EE.UU. a gestionar la entrega de información importante ante el Departamento de Justicia de ese país, pero ha pasado el tiempo y los resultados son aún esperados por la opinión pública.

La repavimentación y el bacheo de calles de Quito se suman a los problemas. A diario los choferes y habitantes en general reclaman por el pésimo estado en el que están las distintas vías.

Otro frente de reclamos es el relacionado con la recolección de basura. El problema se agravó en diciembre pasado y hasta la fecha no tiene una solución definitiva, pues en las calles se acumulan los desechos y los malos olores debido al incumplimiento en el horario de recolección, a causa de la falta de carros apropiados para ello y por la distribución antitécnica de contenedores en la ciudad.

El problema, según lo dicho por los concejales y lo evidencian los hechos, se debe a la inadecuada planificación en el mantenimiento y renovación de la flota vehicular, además de la implementación sin estudios del proyecto de contenerización.

Esto llevó a la capital al borde de una crisis sanitaria.

En esta administración, Emaseo ha tenido ya cinco gerentes. El último es Juan Neira, quien dice que ha adoptado una serie de medidas para tratar de normalizar el servicio. Incluso mediante el retiro de vagones de ciertas zonas y con la compra de recolectores de carga lateral nuevos.

El derrumbe en la escombrera El Troje, por su parte, dejó sin agua por tres días a más de 600.000 personas, un trabajador fallecido y pérdidas por $ 2 millones.

Hasta noviembre de 2017, El Troje trabajó sin licencia ambiental: 17 notificaciones alertaron sobre los riesgos de aludes, aspecto que no se tomó en cuenta y ocurrió la tragedia.

Una de las causas fue la mala distribución y la sobrecarga de escombros: se llegó a cuadriplicar su capacidad, según los informes las autoridades a cargo. (I)