Al menos siete presuntos hechos de corrupción e irregularidades investiga la Fiscalía Provincial de Pichincha al interior del Municipio de Quito. Esto, en base a las más de 100 denuncias interpuestas por transportistas de la capital que se sienten afectados por el presunto cobro de sobornos y otros hechos.

La indagación fiscal se inició tras la desarticulación de una red delictiva que exigía pagos indebidos a taxis y buses. En estos delitos están implicados dos concejales y al menos seis funcionarios y exfuncionarios de la Comisión de Movilidad del Cabildo.

La supuesta corrupción en la concesión de permisos de operación del servicio de transporte, especialmente de taxis, no era desconocida en Quito. Pero la Fiscalía inició las investigaciones cuando los choferes, desde diciembre pasado entablaron denuncias.

Incluso, afectados se acercaron al Observatorio Ciudadano a denunciar los sobornos de los que eran víctimas.

Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano, indicó a los Medios Públicos que las acusaciones de corrupción abarcan varios temas.

“Lo que se está investigando son pagos por parte  de los profesionales del volante por concepto de las compensaciones a la tarifa del transporte público que otorga el Municipio, que se lo canalizaba a través de la Cámara de Transporte”.

Según Buendía se entregaba dinero a funcionarios para que los dueños de los buses tengan derecho al cobro de estas compensaciones.

“La Cámara de Transporte solicitaba a las diferentes empresas $ 500 por cada unidad. Esa plata iba a funcionarios municipales”.
También se detectaron sobornos en la regularización de taxis: se pagaba de $ 2.000 a $ 5.000 por cada dueño de unidad para poder operar.

El Observatorio Ciudadano también detectó que se habrían cometido actos y contratos reñidos la ley en el tema referente al trolebús.

Por ejemplo, la Empresa Metropolitana de Transporte suscribió un contrato por el servicio de higiene con la empresa Siava por la suma de $ 1’221.335.37, sin incluir IVA. Sin embargo, luego se celebraron otros contratos que incrementaron el costo en 110%, lo que está prohibido y penado por la ley.

Buendía dijo que las investigaciones de la Fiscalía identificaron que funcionarios del Municipio manejaron en sus cuentas sumas  que oscilaban entre los $ 180.000 y $ 5 millones, sin que puedan justificar el origen del dinero.

Añadió que casi 10.000 taxis están en proceso de regularización, de allí que las sumas que se manejaban por corrupción eran millonarias.

Otra presunta anomalía tiene relación con el perfil que no cumplían ciertos funcionarios que ocupaban cargos de alto rango en el Municipio, designados por el alcalde, Mauricio Rodas.

Ese sería el caso de una sicóloga que gerenció una empresa y cuya formación académica está en investigación. También el caso de un ciudadano que durante dos años cobró su salario sin trabajar.

El fiscal subrogante de Pichincha, Fabián Salazar, explicó  que el caso de corrupción al interior del Cabildo está en etapa de indagación previa. “Se ha presentado la formulación de cargos ante la Corte Provincial de Justicia, toda vez que existen dos personas con fuero de corte provincial (los concejales)”.

La red, los delitos y las voces

Hasta ahora hay ocho implicados, de ellos, cuatro están prófugos. Salazar adelantó que serían 20 los involucrados en la red, pero no puede dar nombres para no entorpecer las investigaciones.

Dijo que existe una estructura criminal que se subsume en una conducta típica que es la de asociación ilícita. No obstante habrían otros delitos como el enriquecimiento privado injustificado, tráfico de influencias, concusión y posible lavado de activos.

El fiscal aseguró que así consten personas de alto rango se llegará hasta las últimas consecuencias, pues la investigación lo que busca es castigar el delito cometido.

“Existen víctimas y son los conductores. Los cobros y sobornos se hacían a todo nivel de los choferes profesionales de Pichincha que manejan  taxis, buses urbanos, transporte escolar y de volquetas. Los trámites son gratuitos, pero les cobraban un precio al margen de la ley”.

Wladimir Jara, dirigente de los transportistas de Pichincha, lamentó los casos de corrupción denunciados al interior del Municipio y que tienen que ver con permisos de operación de las unidades.

Indicó que no existe un estudio técnico sobre la realidad del transporte en la capital. Lo único que se sabe es que hasta 1995 había 215 cooperativas de taxis que agrupaban a 8.778 vehículos.

“La norma internacional exige que haya 3.000 taxis por cada millón de habitantes, eso quiere decir que en Quito deben operar máximo 10.000 taxis”.

Sin embargo, la realidad es otra. Según Jara, actualmente hay 5.106 nuevos y 10.000 unidades más en proceso de regularización. Es decir, en Quito circulan 25.000 taxis.

Añadió que se llegó a esto porque se crearon e inscribieron compañías en cantones aledaños a la capital, pero en realidad trabajan en Quito. También culpó del caos actual a las ofertas de campaña.

Por su parte, los concejales coinciden en pedir que Rodas explique los hechos que involucran a altos funcionarios designado por él mismo.

Mario Guayasamín sostuvo que Rodas “ha demostrado falta de liderazgo”, por lo que “debería irse a su casa”, para que en este año que falta para elegir nuevo Alcalde “se dé una especie de saneamiento, para que la nueva administración no tenga que tardar un año en resolver los problemas que hoy tiene Quito”.

Para Luis Reina, el Alcalde lo único que hace es decir que no conoce los problemas, especialmente cuando son graves, como sucedió con la recolección de basura, los Quito Cables y la crisis de El Troje, que dejó a la capital sin agua durante casi tres días.
“Él, como responsable político de esta crisis, tiene que irse a su casa”.

Para la concejala Susana Castañeda, lo que sucede es el resultado del desgobierno que hay en Quito. Cree que Rodas debe renunciar para recuperar la institucionalidad.

“Ares” destapó el caso

El 18 de abril pasado, los quiteños y el país se enteraron sobre la detención de los concejales Eddy S. y Sergio G. y al menos seis funcionarios, exfuncionarios y otras personas. Se los implicó en presuntos actos de corrupción en la Comisión de Movilidad.

La presidenta de la Corte de Justicia de Pichincha, María Paulina Aguirre, tras la audiencia respectiva y sobre la base de las primeras investigaciones de la Fiscalía, el 19 de abril ordenó la detención con fines investigativos.

Se los implicó en el presunto delito de asociación ilícita, posible lavado de activos y otros actos de corrupción.

Entre los implicados también constan Fausto M. y Andrea F., gerente y secretaria de Movilidad, respectivamente. En total, a través del operativo “Ares”, se efectuaron 14 allanamientos a inmuebles para recabar pruebas de esta red delictiva.

El fiscal Salazar dijo que el operativo tuvo como objetivo desmantelar una red que movió $ 80 millones en sobornos a los transportistas. (I)