Desde el 18 de julio que entró en vigencia el plan de “labor comunitaria por ordenanza municipal”, 383 personas se han acogido a esta opción, que permite pagar el 75% del costo de multas de tránsito realizando labor social.

“Esta ordenanza es opcional, voluntaria para quien quiera acogerse; es sustitutiva por trabajos comunitarios y educación vial. Solo abarca en lo que tenemos competencia, en las ordenanzas municipales”.

Esas fueron las palabras de la alcaldesa Cynthia Viteri luego de que el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobara -por unanimidad- la creación del programa.

Es decir, el canje es válido solo para contravenciones creadas por el Cabildo, por lo que las contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no aplican para el beneficio.

Bloquear intersecciones, invadir el carril exclusivo de la Metrovía, estacionarse en espacios reservados para discapacitados o en doble columna, detenerse en la calle Boyacá, transitar sin placas y girar en lugares prohibidos son las infracciones más comunes que aplican.

También el caso de los conductores de buses de transporte interprovincial que recogen pasajeros fuera de la Terminal Terrestre y a los de  transporte pesado que circulan en zonas y horarios restringidos.

El pago con servicio comunitario solo aplica para quienes infringen las ordenanzas por primera vez, los reincidentes deben cancelar la totalidad de la multa.

Solicitud de beneficio
Para acogerse a este beneficio, las personas deben solicitarlo en el Centro de Solución de Conflictos y Gestión de Cobro de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), ubicado en el centro comercial Albán Borja, norte de Guayaquil.

“Deben hacerlo dentro de las 10 días siguientes a recibir la citación o de haber sido notificados. Cancelar el 25% restante del valor de la multa y firmar un acta de aceptación (de la infracción) antes de acogerse”, explicó Enrique Varas, director de Educación y Seguridad Vial de la ATM.

De lunes a viernes existen cuatro horarios para efectuar el trabajo de campo (06:00 a 08:00, 09:00 a 12:00, 14:00 a 17:00 y 17:00 a 19:00); los fines de semana se realizará de 08:00 a 17:00.

“El objetivo es darle a los sancionados las facilidades para realizar el trabajo sin  interrumpir su jornada laboral u otras actividades personales”, añadió Varas.

De la severidad de la infracción depende el tiempo de servicio comunitario, que va desde ocho hasta 16 horas, las cuales serán cumplidas en un plazo de dos semanas.

Por ejemplo, en las contravenciones por invasión del carril de la Metrovía, sancionada con un sueldo básico unificado (SBU), $ 394 en 2019, se cumplirán 16 horas; mientras que por estacionar en doble columna, castigado con  30% del SBU ($ 118,20), se deben completar 10 horas.

Diego López, agente de tránsito encargado de supervisar el trabajo comunitario, explicó que además de las horas de trabajo de campo deben asistir a una charla de educación vial de tres horas de duración.

Entre las tareas que realizan como servicio comunitario están ayudar al paso de peatones en zonas conflictivas, impedir el uso inapropiado de parqueos exclusivos para discapacitados, asistir en tareas de activación como volanteo y desfiles, entre otros.

Álex Merlo, sancionado por invadir el carril de la Metrovía, se acogió a este beneficio. Ponderó la agilidad con la que realizó el trámite. “Me acerqué a las oficinas de la ATM y en cuestión de minutos solucioné el tema”.

Consideró que contar con esta opción “es un alivio para quienes tienen la intención de asumir su responsabilidad pero que no poseen los recursos para hacerlo”. (I)