El 20 de agosto de 2019 fueron capturados ocho supuestos extorsionadores de comerciantes en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, a cambio de no hacerles daño.

La madrugada del 21 de agosto, la jueza Tatiana Avellán resolvió en audiencia que los sospechosos no irían a prisión, sino que cumplirían las medidas sustitutivas.

Los individuos salieron a la calle y regresaron al sector donde fueron detenidos. Ahí amenazaron a quienes los habían delatado.

Ingresaron a una casa, pero como no estaba un joven al que buscaban tomaron a la madre como rehén.

Los vecinos alertaron de lo ocurrido al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y los policías la rescataron.

En esta ocasión capturaron a seis individuos, entre ellos, dos de los que fueron liberados tan solo cuatro horas antes. Esta vez sí quedaron con prisión y fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

El caso fue tratado, ayer, en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. Hasta el lugar llegaron la alcaldesa Cynthia Viteri; Diana Salazar, fiscal General del Estado; María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) y otras autoridades.

La ceremonia tuvo como finalidad la suscripción del Convenio de Acción Conjunta en el marco del Acuerdo por la Seguridad previamente firmado entre la Alcaldía y el Ministerio de Gobierno.

La fiscal Diana Salazar indicó que la inseguridad es un problema que debe combatirse con acciones estratégicas y conjuntas.

“Comprometo a la ciudadanía para que nos ayuden a identificar casos en los que haya faltado una acción oportuna por parte del personal de la Fiscalía. Así podremos remitirlo al CJ para que inicie procesos sancionatorios”.

Precisó que las quejas se pueden remitir a la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Gestión Procesal.

Salazar rechazó lo ocurrido con detenidos en Monte Sinaí y agregó que presentarían una queja formal al Consejo de la Judicatura.

“La Policía hace su trabajo y captura a los delincuentes, la Fiscalía formula cargos y solicita medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, y los jueces -no quiero generalizar- los liberan para que continúen delinquiendo”.

Independencia de la justicia
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, manifestó que por observar el principio de independencia judicial no pueden interferir en los fallos de los jueces.

Añadió que desde sus competencias son rigurosos en el control disciplinario.

“Nuestra invitación es a la ciudadanía que denuncie cuando jueces, fiscales o defensores públicos actúen incorrectamente”.

Como ejemplo mencionó la destitución de dos fiscales.  El funcionario Wilmer Tuza, quien presuntamente violentó a una mujer con discapacidad y pasó más de 120 días fuera de su lugar de trabajo.

La otra destitución fue a la fiscal de Cotopaxi, Lilian Chapalbay, por manifiesta negligencia, ya que no convocó a un médico legista a un juicio por la violación a una menor.

“Si existe una infracción disciplinaria de la jueza Tatiana Avellán (caso Monte Sinaí) por favor preséntennos la denuncia sobre infracciones disciplinarias”.

Extorsión a periodista
La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) detuvo el 20 de agosto a Fausto H., por extorsionar a la periodista Dayana Monroy. El individuo fue liberado poco después.

Maldonado manifestó que conoció del caso, pero reiteró que no puede interferir. “Hay que denunciar en el Consejo de la Judicatura. Los fallos son revisados por los jueces superiores”.

La alcaldesa Cynthia Viteri manifestó que el convenio pretende impedir casos como los mencionados.

“Ese tipo de jueces no solo deben ser destituidos, sino ir a la cárcel”.

Viteri planteó la posibilidad de implementar oficinas de la Fiscalía en la Terminal Terrestre, Registro Civil, Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), hospitales del día. “Nosotros nos encargamos de los recursos y tecnología”. (I)