Los centros de rehabilitación social de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Ibarra y Portoviejo  permanecen militarizados, desde la medianoche de ayer, luego de que  funcionarios del Ministerio de Justicia y DD.HH.     notificaran la compra de renuncias a 361 miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia (guías penitenciarios).

La acción administrativa forma parte del proceso de reestructuración del sistema penitenciario que lleva adelante la cartera de Estado, desde abril de 2011.

Así lo informó el organismo a través de un comunicado, en el que señalaba que el personal de Talento Humano hizo la notificación, a nivel nacional y de forma paralela,  sin ningún tipo de inconvenientes.

No obstante, la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en los perímetros de los centros de rehabilitación social se dio para  evitar posibles desmanes, como trataron los 12 guías, que se negaban a dejar sus puestos, que fueron notificados de la remoción en el ex penal García Moreno de Quito.

El jefe del Comando Operacional N° 2, Jaime Jácome, confirmó que la medida se ejecuta por petición del Ministerio y ante el anuncio del pedido de las renuncias. Indicó que, durante el fin de semana, se mantendrán militarizadas las instalaciones para garantizar el desarrollo normal de las actividades en los reclusorios.

La separación de los 361 empleados  se da para que haya éxito en la aplicación del nuevo Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, en el cual es necesario que el personal esté capacitado, indicó el subsecretario de Atención a Personas en Conflicto con la Ley, Ricardo Morales.

El funcionario agregó que desde ayer se incorporaron 337 nuevos guías penitenciarios para reforzar la seguridad en los 35 centros del país, sumando así 522.

Se informó durante la diligencia que el proceso se fundamenta en lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que en su artículo 47, literal K, contempla “la compra de renuncias con indemnización”, así como en la modificación a esta normativa efectuada por medio del Decreto Ejecutivo 813, que sostiene que “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización..., en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas”.

La remoción de los guías se la efectúa al cumplirse el segundo año de la declaratoria de emergencia carcelaria en el país. El ministro de Justicia de entonces, José Serrano, declaró la emergencia en diez centros de rehabilitación social, nueve de Detención Provisional y cinco de Internamiento de Adolescentes Infractores del país.

La acción se dio después de  que concluyera un estudio del sistema penitenciario que  reveló que el hacinamiento era de un 93%, tras dos años, el índice disminuyó hasta situarse en un 44%.  La declaratoria también ha permitido que se construyan un centro de reclusión en Sucumbíos, el Centro Regional Guayas en Guayaquil, el Centro Regional Sierra Centro Norte  en Quito, entre otros.