“A mi amigo lo secuestraron y casi lo matan por defender la minería legal”. Fue la experiencia que compartió Raúl Palma (nombre protegido), exmiembro de una agrupación de mineros que apoya la actividad responsable.

Raúl tiene temor de que lo identifiquen. Eso sí, reconoció que fue un activista que exigía a las autoridades que se concretaran programas para formalizar esta actividad, pero desistió de su interés.

Hace cuatro meses su compañero huyó de la localidad Buenos Aires (Imbabura). Un grupo de hombres lo raptó y torturó “como advertencia” para los demás “compañeros de lucha”. Poco después, Raúl hizo lo mismo por temor a represalias.

La situación es recurrente luego de que Buenos Aires (parroquia La Merced, cantón Urcuquí, en Imbabura) fuera identificada como una zona rica en oro.

Este fenómeno estalló a finales de 2017 e inicios de 2018. Palma contó que los habitantes han visto de cerca cómo el sector se ha “modernizado” en la explotación ilícita. Aseguró que antes había cuevas improvisadas y ahora hay plataformas de madera.

El potencial minero repercutió en enfrentamientos entre grupos armados que buscan el control de la zona.

El caso más reciente se registró el domingo 23 de junio. Según la Policía, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta casas de salud en Ibarra (Imbabura) y Quito (Pichincha).

Los detenidos están en recuperación y se espera su interrogatorio para determinar si fueron víctimas de esas bandas o si eran miembros de la organización delictiva y sufrieron un ajusticiamiento interno, explicó Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior.

El funcionario reconoció la tensión que se vive en la zona, pero advirtió que están en   permanentes labores. Para ello, se desplegaron 218 agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

La cartera del Interior también tiene como meta desarticular los grupos irregulares, a través de un trabajo de inteligencia, para identificar sus estructuras, desarmarlas y detener a los involucrados para judicializarlos.

Tipán reiteró que ya se realizaron varios operativos para ingresar al sector, pero advirtió que deben volver a entrar por el incremento de bocaminas.

El pasado miércoles se reunió el Comité Ejecutivo para el Combate de la Minería Ilegal (Cecmi), en donde se acordó una nueva serie de operativos entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

El subsecretario añadió otra de las acciones  contra la explotación ilícita y es la incautación de los bienes y del dinero recaudado.

Entre enero y diciembre de 2018 se confiscaron más de $ 156 mil en 208 operaciones contra la minería (ver cuadro).

El minero Palma habló de otro problema en la zona: muchos obreros locales salieron por la presencia de ciudadanos de Perú, Colombia y Venezuela. “Han salido muchos ecuatorianos porque se sienten atropellados”, advirtió.

Esta situación también la contempla el Ministerio del Interior. El subsecretario contó que en los operativos se hallaron ilegales, especialmente de Venezuela, evidenciándose que por esta actividad también se propician otros hechos ilícitos, como trata de personas, incluso prostitución.

El funcionario precisó que estas personas laboran en deficientes condiciones de seguridad, pero no les importa por la necesidad económica.

Tipán estimó que un obrero de minería ilícita gana más que el salario básico unificado ($ 394) vigente, pero dijo que el Estado compite en desventaja con una economía ilegal.

“El crimen organizado pasa por alto procesos legales, como concesiones mineras, contratación del personal,  pago de impuestos”, explicó.

A través de una entrevista radial, Fernando Benalcázar, viceministro de Minas y de Recursos Naturales No Renovables, recordó que desde el 4 de junio entró en vigencia el Acuerdo Ministerial sobre la Política Minera para obtener incentivos tributarios, pero también para regular y combatir la actividad ilícita.

El plan establece el marco para la planificación sectorial minera entre 2019 y 2030 para consolidar este sector como un eje de la economía del país, con un aporte al PIB de 4% al 2021.

El viceministro reconoció la gravedad del problema en Buenos Aires. Añadió que este documento es una de las acciones del Gobierno.

Benalcázar indicó que no es la primera vez que las autoridades enfrentan esta situación.

En abril de 2019, un contingente de 218 uniformados y cinco fiscales desalojó a 40 mineros irregulares en el sector El Cielito, de la parroquia Jijón y Caamaño, del cantón Mira (Carchi). “La empresa concesionaria Sold Gold reportó el hecho y pidió el apoyo a la autoridad”, dijo.

Las ganancias en el sector minero
La Agencia de Regulación y Control Minero difundió un informe validado con el Servicio de Rentas Internas.

Detalló que entre enero y abril de este año se percibieron $ 41,8 millones por obligaciones fiscales y laborales de las empresas mineras que operan en el país. En 2018 el ingreso por este rubro fue de $ 53,6 millones.

Andrea Cárdenas Valencia, directora ejecutiva de la Arcom, señaló que el sector minero dinamiza la economía.

“Esto genera encadenamientos productivos que en lo posterior se traducirá en exportaciones mineras”.

El 60% de ingresos, en el caso de regalías y utilidades, se destina a la zona de influencia de proyectos mineros y el 40% pasa a la Cuenta Única del Tesoro Nacional para necesidades del fisco.

Los trabajadores vinculados a la actividad minera reciben el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante debe ser pagado al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados.

Además, los concesionarios cancelan cada año una patente de conservación por cada hectárea minera. (I)