La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), en coordinación con efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA), colocó sellos de prohibición para realizar actividades de minería.

La medida se llevó a cabo tras una inspección efectuada en el recinto Los Ajos, cantón San Lorenzo (provincia de Esmeraldas) específicamente en el área en donde se suscitó un deslizamiento que causó la muerte de cuatro mujeres y un menor de edad, además de daños ambientales en la zona.

De acuerdo a la verificación realizada por técnicos, en el lugar se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial. Por ello, la ARC, además de colocar los sellos, inhabilitó una retroexcavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua, diferentes equipos (planta generadora de luz, canecas de combustible, mangueras, etc.), así como un campamento utilizado para estas acciones informarles.

La tragedia que quitó la vida de cinco personas y dejó la zona afectada por una explotación sin normas técnicas, dejó en evidencia la recurrencia de las actividades mineras ilegales en Ecuador.

Eso lo demuestran los operativos ejecutados por la Agencia de Regulación en coordinación con la Fuerza Pública. Solo entre 2019 y lo que va de 2020, se llevaron a cabo 721 operativos a escala nacional.

De acuerdo a cifras proporcionadas a Diario EL TELÉGRAFO, el año anterior fue un período en donde se observó un mayor número de intervenciones contra esta actividad ilegal.

Ese año se registraron 492 operativos. De ellos, la mayoría se concentraron en Imbabura (107); le siguieron El Oro (62) y Zamora Chinchipe (61).

Si bien las cifras se redujeron este año (229 operativos), no significa que la actividad ilícita se haya erradicado, alertaron las autoridades. 

De eso se puede apreciar si se toma en cuenta que Zamora Chinchipe continuó este año como una de las provincias con mayor número operativos (45), le siguen Napo (44) y Azuay (34). 

Los resultados de los operativos 

Las intervenciones realizadas en este año, también han permitido el decomiso de maquinaria y material. En este lapso, 161,33 toneladas de material mineralizado y 63 bienes (maquinarias, equipos, vehículos), así como 47 bienes han sido destruidos o inmovilizados en el punto de decomiso.

Patricio Pazmiño, comandante de la policía de San Lorenzo, aseguró que la inspección efectuada en la localidad dejó como evidencia un grave daño al ambiente a causa de la deforestación por la mina que abarca alrededor de 15 hectáreas e incluso hay al menos otras tres minas de esa misma dimensión.

Similar criterio advierte Sergio Dávalos, ingeniero ambiental, quien advirtió que es necesario realizar en la zona una reforestación inmediata.

Explicó que no es suficiente con detener a las personas y decomisar la maquinaria. "Todas las zonas afectadas por la maquinaria y el material explosivo deben ser intervenidas, para evitar que -a mediano y largo plazo- se susciten deslaves como el del pasado miércoles", opinó.

¿Qué dicen las normas sobre esta actividad ilegal?
Ecuador contempla normas para sancionar a las personas que se dedican a esta labor ilícita. El artículo 57 de la Ley de Minería sanciona a los mineros con decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el tipo de falta que comete.

En cambio el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 260, contempla privación de libertad de entre uno y tres años.

Sin embargo, todavía es recurrente la actividad irregular. Eso lo evidencia dos intervenciones realizadas a finales de septiembre. La primera se realizó en el sector de Huato, en el cantón de Paltas (Loja), en donde se encontraron labores mineras subterráneas en una concesión de pequeña minería, suspendida en 2017.

La segunda, se desarrolló en Esmeraldas, solo que se ubicó a pocos metros del río Durango, en el cantón de San Lorenzo. Es decir, que en menos de dos meses, en la provincia se registraron hechos de actividad ilegal.

¿Las normas son complicadas de cumplir?

En torno a esta situación, Rodrigo Izurieta, expresidente de la Cámara de Minería, señaló que hay dos puntos que analizar para que sea tan recurrente la minería ilegal.

El primero es un tema de mercado. El precio del oro está bastante alto y esto resulta un incentivo económico para una actividad legal e ilegal.

El segundo es un tema específico del Ecuador y es la dificultad de hacer minería ilegal. Existe un marco jurídico regulatorio que puede demorar varios años, además de un desembolso de miles de dólares en abogados, contadores, auditores, ingenieros ambientales, geólogos, etc. para conseguir licencias de operación, entonces el incentivo para hacerlo de forma legal es alto y hace que la actividad legal sea difícil de cumplir.

Con ese escenario, los mineros locales pequeños optan por la minería ilegal, advirtió Izurieta, mientras que los mineros grandes, legales optan por ir a otros países.

En Ecuador hay alrededor de 30 empresas mineras que trabajan formalmente, estimó el expresidente de la Cámara de Minería

De acuerdo al Reporte de Minería del Primer Trimestre de 2020, emitido por el Banco Central, en Ecuador, los proyectos mineros que cumplen con las normas y estándares son Fruta del Norte, Proyecto Mirador, Proyecto Loma Larga, Proyecto San Carlos Panantza, Proyecto Río Blanco. También hay otros de segunda generación como el Cascabel, Cangrejos, Ruta del Cobre, Curipamba y Proyecto La Plata.

Con ese panorama, Izurieta señaló que se debería modificar la Ley de Minería permitiendo que se agiliten los permisos y así evitar los trámites engorrosos, una práctica que ocurre en países como Canadá, Australia o Perú. (I)