El juicio contra los productores de la película "Presunto culpable" ha reabierto en México el debate sobre la supuesta falta de transparencia del sistema judicial y la posibilidad de que una condena a sus creadores genere un "efecto mordaza" entre quienes hacen denuncia social a través de documentales.

"Es una situación muy paradójica. Presunto culpable es, quizá, uno de los documentos de denuncia más importantes, sobre todo, de los problemas estructurales que tiene el procedimiento criminal en México", asegura el doctor en Derecho Miguel Rábago, de la Universidad Iberoamericana (UIA).

En 2011 el documental -dirigido por Roberto Hernández y producido por Layda Negrete, ambos abogados que tomaron las cámaras para contar un caso que les llamó la atención- contó la historia de José Antonio Zúñiga, "Toño", un joven acusado de homicidio con pruebas endebles y un testimonio falso y que fue condenado a 20 años de cárcel, aunque después apeló y quedó libre.

El responsable de ese testimonio falso, Víctor Daniel Reyes, ha contraatacado y los ha denunciado por "daño moral" y "genérico" por utilizar su imagen sin su consentimiento. La causa es una de las varias presentadas contra los directores, productores y distribuidores de la cinta, muy exitosa en taquilla, pero que acumula reclamaciones por valor de unos 3.000 millones de pesos (232 millones de dólares), incluida la de Reyes.

El documental, que generó una enorme repercusión en México, presentó la crítica situación del sistema judicial de un país en el que el 93% de los acusados no ve al juez, que por lo general, según las quejas, ni siquiera se apersona a los juicios.

“El tribunal que hoy nos juzga por haber hecho Presunto culpable  no ha cuidado su imparcialidad. La jueza 17 de lo Civil ha hecho comentarios que prejuzgan el  litigio y que, supuestamente, se trata de si la filmación causó daño moral a los demandantes, pero en realidad podría ser simplemente una revancha del poder que ha sido criticado por el documental”, afirma  Hernández.

El caso real de Toño

En el filme, Toño es supuestamente detenido en flagrancia después de un homicidio. En realidad la detención se dio un día después de los hechos. A él lo señaló un testigo, aparentemente presionado por policías judiciales, el cual se contradijo en sus declaraciones.

Además, las pruebas de pólvora confirmaron que el acusado no disparó el arma asesina. Numerosos testigos lo ubicaron en su negocio comercial, a considerable distancia del lugar de los hechos, en el momento del homicidio.

En un real sistema de derecho Toño habría quedado en libertad enseguida, “en México, sin embargo, dicen los propios reclusos, si alguien te ha señalado, por muy dudoso que sea el testimonio, estás ya condenado”, indica el periodista y escritor Sergio Sarmiento en su blog sergiosarmiento.blog.terra.com.mx.

Y en efecto, Toño fue condenado a 20 años de cárcel y, luego, la sentencia fue ratificada por un tribunal de apelación. El caso llegó a la atención de Negrete y  Hernández cuando ya no quedaba más recurso que el amparo. Por un simple accidente técnico -el que su abogado tenía una licencia profesional falsificada-, un tribunal colegiado le concedió el amparo y empezó de nuevo el juicio por homicidio. Las pruebas falsas contra el “presunto culpable” se vinieron al piso y Toño quedó libre... después de dos años perdidos en la cárcel.

ENJUICIADOS POR POLICÍA Y EL FALSO TESTIGO

Una de las cosas que más llama la atención de periodistas y abogados en el llamado caso “Presunto culpable”, que desenmaraña una parte del sistema judicial mexicano, es que entre las demandas destaca la de Manuel Ortega Saavedra, excomandante de la Policía Judicial y quien detuvo a Toño, y la de Víctor Reyes Bravo, cuyo testimonio sirvió para encarcelar a José Antonio. En ambos se cuestiona la presión policial para llevar adelante un caso sin pruebas y el testimonio falso para encarcelar a un inocente.

En estos días en que se tramita el caso, la jueza Rosario Mancera decidió realizar la audiencia a puerta cerrada y sin  los medios de comunicación, invocando el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Mediante su cuenta de Twitter (@PresuntoC), los creadores informaron sobre lo que sucedió en la audiencia, señalando que uno de los demandantes no ha visto el documental, pero argumenta que en él se distorsiona la realidad.