Los operadores de justicia coinciden en que la sistematización de los procedimientos legales y el inventario de los archivos físicos otorgó celeridad a la Función Judicial.

Entre las prioridades están despachar de manera ágil y sin arriesgar la administración de justicia. Para ello se aplica un modelo de gestión que prohíbe el ingreso de usuarios a las oficinas de los jueces, de modo que no obstaculicen sus labores ni haya acercamientos que comprometan la imparcialidad en un juicio.

Para el abogado Richard Yépez, impedir el acceso es una forma de combatir la corrupción, pero suprime la comunicación directa con los operadores de justicia, lo que resta impulso a las causas. “Ahora todo se hace por ventanilla, dicen que ya están tramitando, pero nos hacen regresar al siguiente día”.

También dijo que quienes receptan los escritos no conocen cómo avanzan los procesos judiciales, por ello cree que se debería coordinar directamente con los secretarios de los juzgados, tribunales y salas, para cerciorarse de que todo avance.

Frente a esta situación Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, sostuvo que es constante el análisis de los resultados del modelo y que cuando se han detectado falencias las rectificaciones no se han hecho esperar, por ejemplo, en la mejora de los tiempos de respuesta.

Jalkh hizo énfasis en que el diseño se mantendrá y que si existen contratiempos los superarán, pero no habrá retorno hacia las viejas prácticas.

El presidente de la Corte de Justicia de Guayas, Julio Yagual, dijo que la demora era producto de la forma de trabajo obsoleta (se empleaban máquinas de escribir) y del personal escaso, sumado a la falta de un sistema informático. “Eso generaba retrasos procesales; si no había alguien pendiente esos expedientes dormían el sueño eterno”.

Agregó que eso cambia con las reformas de la Función Judicial, en las que prima la oralidad procesal y que no será indispensable el papel, especialmente en la materia penal.

Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, declaró que si se asegura la pronta diligencia el modelo contaría con su respaldo y también mencionó que el gremio está atento al desarrollo de las actividades para exigir correctivos cuando sea necesario. De igual manera, afirmó, los asociados están dispuestos a colaborar para que el sistema funcione.

Al respecto Rómulo Espinoza, director del Consejo de la Judicatura en la provincia de El Oro, dijo que parte del retardo lo generaba la aglomeración de abogados y denunciantes en las oficinas, ya que esto provocaba distracciones e interrupciones. “Ese tiempo que los funcionarios dedicaban para atender al usuario ahora lo destinan a trabajar en los procesos”, explicó, y como muestra detalló que en 2012 se resolvieron 38.258 causas y en 2013, cuando empezó el trabajo con la nueva modalidad, 49.148.

Presencia de las partes
Sobre el supuesto aislamiento de los jueces, Espinoza enfatizó que solo quieren asegurarse de que nadie se acerque a los administradores de justicia con intenciones de convencerlos para que dicten sentencias parcializadas, por ello, cuando un sujeto procesal pide una cita con el juez también se convoca a la otra parte. En relación al personal que atiende en las ventanillas, Espinoza explicó que el departamento de talento humano busca el perfil idóneo, que conozca cómo se sustancian los procesos y los trámites pertinentes.

Francisco Morales, integrante de la Sala Laboral del Guayas, dijo que contar con instalaciones modernas es de suma importancia, e hizo referencia al remodelado edificio de la Corte Provincial, que hace dos años era deplorable.

“No quiero decir que se trabajó con desgano en el viejo edificio, porque estamos laborando en la medida de las posibilidades, pero ahora nos sentimos más cómodos, tenemos un mejor ambiente y eso va a redundar en beneficios”, acotó.