En Ecuador faltan 54 jueces de violencia a la mujer
Esterlina (38 años) recibió el pasado 5 de octubre amenazas de su actual pareja. A pesar de que han pasado 17 días, la mujer no recibe una medida de protección (boleta de auxilio).
“Debo llegar herida para que de verdad me tomen en cuenta”, contó la mujer en la Defensoría Pública de la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia, ubicada en la calle Inglaterra en el norte de Quito.
La falta de jueces es uno de los problemas que enfrentan las 30 Unidades Judiciales de Violencia de la Mujer y la Familia.
Según la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Zobeida Aragundi, la meta es contar con un juez en cada cantón. Sin embargo, ahora hay 91 jueces, pero existen 221 cantones en el país.
Margarita Carranco, subdirectora de Género del CJ, señaló que hasta ahora hay 91 jueces, sin embargo la meta es duplicar el número para reducir la carga procesal y despachar las causas de manera ágil. Estiman 145 jueces hasta 2020. Faltarían 54 magistrados.
La jueza Janeth Chauvín señaló que desde el 3 de septiembre, cuando se creó la Unidad de Violencia en Flagrancias en Quito, recibieron 164 procesos. “Allí trabajan 33 jueces, y sí hay una necesidad de más funcionarios, pero con conocimiento de género”. A diario reciben un promedio de 4 casos y en cada audiencia se demoran una hora y 45 minutos.
Carranco señaló que la falta de presupuesto limitó la contratación de jueces. Tienen $ 1’500.000 presupuestados, sin embargo, de ello solo cuentan con $ 800.000.
Aragundi detalló que en un plan piloto en Guayas, Pichincha, Tungurahua y Azuay se estudió la carga de los jueces de Garantías Penales y se decidió trasladar algunos al área de violencia con una capacitación previa.
La jueza Chauvín sostuvo que en la Unidad de Flagrancia de Quito aún no hay médicos, psicólogos y trabajadores sociales para el área. Carranco reconoce el problema y afirma que actualmente se contrató 28% del personal técnico.
Sin embargo, detalló que “se trabaja con el personal de la Fiscalía hasta contratar los médicos, trabajadores sociales y psicólogos que se requieren”. (I)