Se conocieron en su lugar de trabajo. Andrés y María (nombres protegidos) comenzaron una relación aparentemente normal en 2015. Él nunca imaginó que su vida se volvería un calvario y que afectaría su parte emocional, su trabajo y su familia.

Tres años después, en el 2018, Andrés decidió buscar ayuda en las autoridades y denunció el caso, pues, además de recibir correos diarios de María acosándolo, también, hasta la fecha, su identidad ha sido expuesta en las redes sociales; ella victimizándose y él recibiendo amenazas.

Alejandra Sigcha, fiscal de género que conoce el caso, indica que la denuncia se presentó en septiembre de 2018, pero el caso data del 2015.

Resalta que es importante tener la concepción de que violencia de género, como está tipificado en el COIP actualmente, “es toda acción de maltrato ya sea de forma física, psicológica, sexual, cometida contra cualquier miembro de la familia, de la mujer o miembros del núcleo familiar”.

“Este caso si bien es un poco atípico, de que un hombre denuncie un caso de violencia física, psicológica, no es menos cierto que sí se presentan y hay. Esto nace de cierta forma por la concepción del hombre, que en el Ecuador está culturizado en que tiene que ser fuerte, que nunca puede ser maltratado, es la figura masculina dentro incluso de la familia, de los amigos”, explica.

Sigcha menciona que es muy sensible que un hombre denuncie un caso como este, porque puede ser objeto de vergüenza, de ser recriminado, incluso ser criticado. “Van a decir cómo un hombre puede ser maltratado por una mujer, el hombre es fuerte, tiene que ser la idea de fortaleza y por eso nunca va a denunciar”.

“Se ha hecho la solicitud por parte de Fiscalía en cumplimiento del artículo 58 numeral 1, que habla respecto a las medidas de protección en casos de violencia de género. La Fiscalía ya ha presentado la solicitud, actualmente tiene que hacerse el análisis para ver el tema de la vulnerabilidad, el tema de riesgo de la víctima para que se lo pueda incluir de acuerdo a los parámetros que se maneja en el sistema de víctimas y testigos”, detalla la Fiscal.

Asimismo, indica que la víctima ha recibido prácticamente una serie de actos de violencia psicológica (de acuerdo al tipo penal), actos orientados a un tema de manipulación, chantaje, humillación, una persecución desmedida.

“Fiscalía ha recabado los elementos, en estos dos años de investigación, que corroborarían que en la víctima existe una afectación psicológica”.

La Fiscal indica que la víctima se encuentra completamente desesperada, no encuentra otra forma de parar “los actos de hostigamientos, la serie de amenazas, de correos electrónicos”.

Acoso por correos

Sigcha menciona que Andrés denuncia el caso porque en lapso de dos semanas recibe alrededor de 300 correos electrónicos, un promedio de dos a tres correos diarios; además se envían correos electrónicos al lugar de trabajo, afectando en este caso el entorno laboral de la persona, yendo incluso más allá.

“Entonces como la persona ve que existe un tema de inestabilidad que compromete incluso a los jefes, a los compañeros de trabajo, lo denuncia”.

Se han hecho las diligencias necesarias, existen cerca de 16 cuerpos, alrededor de 1.600 fojas de investigación. “La Fiscalía ha dado paso a una serie de diligencias tanto con la víctima como con la sospechosa”.

“Hemos detectado alrededor de 1.500 cuentas electrónicas creadas para enviar correos; la víctima bloquea y empiezan a crear nuevos correos, incluso la propia sospechosa reconoce la creación de esta serie de correos electrónicos”, menciona la Fiscal.

La profesional dice que durante la versión de la demandada, ella manifiesta que crea esos correos electrónicos. “También han existido -y ella lo reconoce- acercamientos a la familia (de la víctima) incluso a los compañeros de trabajo, ya sea utilizando correos electrónicos o teléfono, redes sociales”.

Durante la investigación se han realizado unos cinco o seis abordajes psicológicos a la persona investigada. Ella ha ido acompañada de su esposo al momento de rendir su versión. “Él conoce este antecedente de la denuncia presentada; la pareja conoce que se han hecho esta serie de diligencias, investigaciones y ella ha indicado, incluso, lo de los correos electrónicos y los ha leído el esposo”.

De acuerdo a una primera valoración que se hace a la investigada -resalta la Fiscal- ella presentaría un cuadro de ansiedad, incluso un trastorno obsesivo compulsivo; ella adjunta los certificados de forma voluntaria en el expediente.

“La víctima, así como la parte investigada, han tenido pleno acceso al expediente de Fiscalía, incluso en esta época de pandemia, considerando los protocolos de bioseguridad, se ha dado la apertura para que se pueda sentar, la persona investigada, en un espacio especial, para que pueda ver de forma minuciosa algunos de los elementos. Ella ha acudido algunas veces con su abogado y ha accedido a los expedientes, en ningún momento se lo ha escondido”.

La Fiscal manifiesta que la manipulación a través de redes sociales es fuerte, porque se empieza a utilizar grupos de mujeres que se han visto afectadas, que han sido verdaderas víctimas y, por ejemplo, al colgar una foto, al hacer pública la imagen, sea un hombre o una mujer, identificar a la persona, en este caso al supuesto agresor, afecta la imagen personal, eso es bastante grave.

“En este caso la víctima ha sido expuesta públicamente, incluso atenta contra él indicando dónde trabaja, que no se compren los productos donde labora, porque esta empresa habría contratado a esta persona”.

La víctima tiene medidas de protección, boleta de auxilio. “En este caso se sigue utilizando las redes sociales para referirse a esta persona indistintamente de que ya se han emitido medidas de protección”.

Cifras

La fiscal Alejandra Sigcha indica que del 100% de casos de violencia de género, el 3% o 4%, corresponde a violencia psicológica, “porque delitos sexuales es otra estadística y esos sí existen en gran número, pensaría en el 30% o 40% de casos víctimas, niños, adolescentes, hombres que han sido víctimas de delitos sexuales”.

Estos casos los conocen las Unidades de Violencia de Género, en Quito. El actual, como es en el norte de Quito, es atendido en la Fiscalía y lo lleva en la Unidad de Violencia de Género de la Casa de la Justicia.

Paulina Inapanta, psicóloga del equipo de violencia de género de la Fiscalía General del Estado, dice que se ha brindado atención, espacio de acompañamiento emocional a la víctima, “hemos escuchado cuáles son sus necesidades; no se trata aquí de ver estadísticamente que las mujeres, porcentualmente, son mucho más violentadas en comparación a los hombres, sin embargo esto no quiere decir que no existan casos”.

En este sentido, desde nuestra perspectiva  y desde nuestra mirada de género -resalta Inapanta- hay que entender también que para los hombres puede resultar mucho más difícil por estos roles hegemónicos que el estrato social impone acerca de lo que una mujer debe ser frente a lo que un hombre socialmente.

“Hay que entender también que estamos incluyendo nuevas masculinidades, tenemos que tener esta mirada abierta, oportuna, integral para poder atender a las víctimas de casos de violencia”.

La psicóloga explica que psicológicamente los hombres y mujeres tienen las mismas sintomatologías, “una víctima de violencia es una persona que empieza a restringir su entorno social, familiar, empieza a generar sentimientos de culpa, ansiedad, cambios en su estado de ánimo, irritabilidad, miedo recurrente y esa es una condición de la víctima en general; eso le ocurre a los niños, a las niñas, a las adolescentes, hombres, mujeres que han sido víctimas de un hecho”.

“En este caso, él toma la decisión de denunciar el hecho, imagino porque ha afectado significativamente su vida a todo nivel: laboral, social, económico, personal, familiar. Debemos tener un subregistro de aquellos casos de violencia que no son denunciados”. (I)