A lo largo de la historia del país no hubo ninguna política pública trascendente para incorporar lo contencioso administrativo a los aspectos medulares de la justicia ecuatoriana. Ahora el asunto cambia.

Los trabajadores particulares o personas jurídicas que se sientan afectados por la falta o la indebida aplicación de una ley administrativa que vulnere sus derechos, por las autoridades fiscales o ejecutoras de la administración pública, pueden acudir ahora a los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

De acuerdo con los procedimientos que establece la ley de la materia, los titulares de esa unidad judicial deben determinar si los órganos de la administración pública a los que se les imputa la violación cometida la han realizado o no, y en caso afirmativo declaren la procedencia del procedimiento de lo contencioso y administrativo y, consecuentemente, la nulidad o revocación del acto impugnado.

Durante mucho tiempo el derecho público fue postergado frente al derecho privado...Así lo explica el jurista Marco Jirón Coronel en la edición digital de la Revista Judicial (www.derechoecuador.com) que trató los juicios contencioso administrativos.

En ese sentido, Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura (CJ), indica que durante mucho tiempo el derecho público fue postergado frente al derecho privado. “Esta fue una de las áreas más abandonadas del sector justicia.

Lo inaudito, lo incomprensible es que se haya desarticulado lo contencioso y administrativo en la línea de minimizar la importancia del derecho público y de desprestigiar cualquier relación con el Estado, inclusive en instancias judiciales en las cuales los procesos finalmente eran interminables”, manifestó el funcionario.

Por ello, el organismo de control inauguró, el martes pasado, la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, la cual permitirá descongestionar este tipo de  procesos.

La Unidad tiene competencia en 12 provincias: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua. En ella trabajarán 14 jueces y juezas titulares, quienes alcanzaron las más altas calificaciones y fueron seleccionados luego de un riguroso concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social. Estos operadores de justicia se suman a quienes desempeñaban sus funciones en el anterior Tribunal.

Jalkh enfatizó, que lo contencioso no es pleito contra el Estado, sino una materia que representa la defensa de la legalidad y la moralidad administrativa. La Unidad entró en operación luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución, suprimió el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la capital.

Por más de cuatro décadas este Tribunal Distrital funcionaba con apenas seis jueces que atendían en dos salas. Esta situación conllevó a la acumulación progresiva de causas. Hasta 2011 se acumularon 12.297; en 2012, 3.234 y, en el transcurso de 2013 al menos 2.000 procesos pendientes de despacho.

En esta Unidad se conocen y resuelven las controversias entre la administración pública y sus administrados. Su misión es controlar la legalidad de los actos, contratos y hechos  que generan las diferentes funciones del Estado, como por ejemplo: los temas relacionados con contratación pública, propiedad intelectual, indemnizaciones por mala prestación de servicios públicos, por error judicial o mala administración de justicia, destituciones o sanciones impuestas a funcionarios públicos.