Doña Inés N., una artesana orfebre de origen lojano, de 55 años, llegó la mañana del sábado 15 de marzo a las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. Allí se decidiría el futuro de su hijo menor, quien ha vivido un auténtico vía crucis legal en los últimos dos años.

Las manos de doña Inés revelan una vida de trabajo duro, desde su juventud aprendió a elaborar joyas a base de plata. Su habilidad le permitió establecer un negocio propio con  su esposo, un ciudadano sueco radicado en Cuenca; así pudo sacar adelante a sus cuatro hijos.

La prosperidad familiar se vio súbitamente truncada cuando Daniel L., de 17 años, estudiante de bachillerato e hijo menor de doña Inés, fue apresado por tenencia de drogas. Era septiembre de 2012. Al contar los detalles de la historia, no puede evitar que su voz se quiebre. “A veces siento que de tanto llorar me he quedado sin lágrimas”, comenta visiblemente conmovida.

La Fiscalía del Azuay acusó al joven consumidor del
delito de tenencia de  droga.

La jueza Lucy Blacio declaró la inocencia del imputado y ordenó su inmediata liberaciónDaniel se había convertido en un consumidor asiduo de marihuana, regularmente acudía con otros compañeros a los alrededores de su colegio para fumar varias dosis. La noche de su detención, un grupo de diez amigos, con quienes se encontraba, acordó comprar una dosis para  repartirla entre todos.

Daniel se ofreció a guardar el contenido de dos pequeños paquetes en su mochila, mientras decidían donde se establecerían. En ese momento, miembros de la Policía detuvieron al grupo y al requisar la mochila del joven hallaron la sustancia. “A mi hijo lo mantuvieron incomunicado, pude hablar con él varias horas después de su detención; en mi desesperación lo único que se me ocurrió, en ese momento, fue buscar la ayuda de un vecino que era abogado, me dijo que si quería ver libre a Daniel tendría que pagar mucho dinero y que se trataba de un caso grave”.

Juicio

Durante la etapa del juicio, la Fiscalía acusó a Daniel por tenencia de drogas pidiendo que se aplique el artículo 62 de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes aduciendo que los 80 gramos encontrados en la maleta eran una cantidad excesiva para su uso personal.

Los testimonios de los amigos del joven coincidieron en que la marihuana hallada ese día era de uso común, con fines recreativos. El informe elaborado por el médico, que evaluó la salud del joven, determinó que se trataba de un consumidor habitual, que incluso llegó  a ingerir hasta diez dosis diarias.

Después de permanecer en prisión por un período de cinco meses, Daniel obtuvo un sobreseimiento. La ingenuidad y desconocimiento de la ley por  doña Inés hicieron que siguiera el consejo de una persona cercana al proceso: salir del país esperando que las cosas se calmaran. Era febrero de 2013.

Daniel y su madre partieron hacia Panamá con la mayor parte de sus ahorros, dejando al resto de la familia en Cuenca. Durante su estancia en el país centroamericano fueron objeto de  discriminación por su origen extranjero y el alto costo de vida. Daniel, por la falta de apoyo médico y tratamientos, sufrió varias crisis de abstención.

Esta situación minaba poco a poco las fuerzas de la madre, quien apenas podía conseguir sustento vendiendo algunas joyas, hasta que un ataque cardiaco la sorprendió.

Daniel estaba decidido a aclarar su situación legal y volvió al país junto a su madre en junio de 2013. Apenas arribaron al aeropuerto de Guayaquil fue detenido.

Durante su ausencia, el fiscal a cargo del caso había apelado para que la causa en su contra permaneciera abierta.

A pesar de todas las pruebas presentadas a su favor, el Tribunal Penal del Azuay condenó a Daniel a cumplir una condena de 12 años, que a raíz de su buena conducta y falta de antecedentes fue reducida a 8. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Provincial del Azuay en enero de 2014.

Apoyo de Defensoría Pública en CNJ

El caso fue remitido a la Defensoría Pública del Ecuador para que apoyara a Daniel L. N. en el planteamiento de un recurso de casación de su sentencia ante la Corte Nacional de Justicia.

La argumentación del recurso estuvo a cargo del defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, quien armó un equipo con Jorge Paladines, asesor en materia penal, y el defensor Eddy Benavides.

En su intervención Paladines recalcó que durante el proceso, emprendido en contra de Daniel, hubo una interpretación errónea del artículo 62 de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes que se refiere a la tenencia y posesión de drogas y que ha propiciado la existencia de un marco normativo condenatorio y punitivo que no diferencia a los usuarios habituales en sus diferentes grados de dependencia de los expendedores y traficantes.

También, citó el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador que garantiza políticas de prevención y salud pública en beneficio de consumidores asiduos por lo que existía una evidente contradicción entre la norma constitucional y la ley.

Adicionalmente, el jurista hizo hincapié en que dentro del país ya se han otorgado sobreseimientos y absoluciones a casos similares en las provincias de Carchi, Manabí y Azuay.

El Defensor Público General concluyó el alegato abogando por una interpretación que se ajuste al respeto a los derechos humanos de Daniel L. También pidió que se tomara en cuenta que ninguno de los estudiantes llamados a declarar en el juicio cayó en contradicciones al dar su testimonio.

Veredicto de la Corte de Justicia

La solvencia de los argumentos presentados por los defensores provocó que los jueces se tomaran aproximadamente una hora para deliberar.

La espera terminó cuando los miembros del tribunal, encabezado por la jueza Lucy Blacio y los jueces Wilson Merino y Vicente Robalino, acogieron de forma unánime el recurso de casación presentado y declararon el estado de inocencia e inmediata liberación de Daniel Lennstron.

La sentencia implica un precedente importante para que otros jueces realicen un análisis completo de las causas antes de criminalizar a los usuarios.

Inés N., la madre luchadora que solo minutos atrás esperaba un desenlace incluso adverso, no pudo contener la emoción y entre lágrimas agradeció al titular de la Defensoría por el trabajo desplegado para defender los derechos de su hijo.

Daniel consiguió la libertad, pero su estado de salud no es alentador, revela su madre, porque padece una  afección pulmonar crónica.