La jueza Lucy Blacio, presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó la prisión preventiva contra los generales en servicio pasivo Luis E. P, Edgar V. y Fernando R. para asegurar su presencia en el proceso penal que se sigue en su contra por su supuesta participación en actos de tortura en contra de tres exmiembros de la agrupación Alfaro Vive Carajo (AVC). La magistrada también dispuso la prohibición para enajenar bienes de los implicados.

Blacio también emitió medidas cautelares para el resto de los 10 oficiales entre policías y militares, que habrían participado en los presuntos actos de tortura en contra de Luis Vaca, Javier Jarrín y Susana Cajas, exAVC.

Estas resoluciones se dieron hoy durante la audiencia de formulación de cargos. En su exposición, el fiscal Galo Chiriboga señaló que durante las investigaciones se comprobó que los miembros del grupo policial denominado SIC-10 se disfrazaban de estudiantes universitarios y secundarios para perseguir a los miembros de AVC y otros grupos de esta época.

También detalló que Susana Cajas fue víctima de agresión sexual. A ella, según los reportes, le habrían torturado desnuda. En el caso de Luis Vaca, en cambio, el Fiscal dijo que fue detenido sin ningún justificativo y también fue torturado.

Luego de seis meses de haber sido liberado, Vaca indicó que no salió de su casa por miedo de volver a ser raptado.

En su intervención, el titular de la Fiscalía citó también normas internacionales como la Convención de Roma, con la cual el Ecuador tiene el compromiso de sancionar los delitos de lesa humanidad.

De su lado, la defensa de los implicados dijo que sus defendidos no han salido del país y que están abiertos a colaborar con las investigaciones.

En la diligencia se encuentran Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); Pedro Restrepo, integrante de la Comisión de la Verdad y padre de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en 1988.

También asisten Luisa Ortega, fiscal General de Venezuela, así como representantes de la Corte Suprema de Panamá, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

DATOS

Los nueve militares y un policía procesados estuvieron vinculados al gobierno de León Febrés Cordero y habrían cometido actos de lesa humanidad en 1985. Este será el primer caso de lesa humanidad que se juzgue en el Ecuador.

La Comisión de la Verdad de la Fiscalía investigó 136 casos de violación a los derechos humanos durante el gobierno de León Febres-Cordero, en donde se comprobó que Vaca, Cajas y Jarrín fueron realmente encarcelados sin ningún justificativo, además de sometidos a innumerables suplicios, que siguieron un proceso “plenamente estructurado como una política de Estado para, supuestamente, acabar con la subversión en el Ecuador”, señaló Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión de la Verdad.

Ellos fueron detenidos y encerrados arbitrariamente el 10 de noviembre de 1985 por militares en la ciudad de Esmeraldas y posteriormente trasladados a un cuartel de Conocoto (Quito) para someterlos a sesiones de torturas.