Un proyecto que se inició en el 2013 con una inversión aproximada de $ 3’000.000 permitió al país contar con el Archivo General de la Función Judicial, en donde reposan alrededor de 1’800.000 expedientes judiciales que fueron recuperados.

Se trata de la documentación de los procesos judiciales desde el año 1700 encontrados por cerca de 90 técnicos y especialistas que rescataron los casos de subsuelos de edificios, ductos de ventilación, bodegas, baños, pasillos, cuartos y otros sitios inadecuados que servían para archivo o bodega.

Con ello se liberó espacio del edificio de la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, complejos y unidades judiciales.

Ahora, en un en área de casi 4.000 m2, en el norte de Quito, se custodian de forma eficiente procesos judiciales de las materias: Civil, Penal, Tránsito, Familia, Laboral, entre otras, de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Manabí, Azuay, Santa Elena y Pichincha, así como de todas las excomisarías de la mujer a nivel nacional.  

Lo más importante del Archivo General es que entre las 129’000.000 de fojas se encuentran, en un sitio especial, documentos históricos únicos y de incalculable valor, que han sido intervenidos por curadores y expertos.

Gustavo Salazar, historiador e investigador que trabaja en el lugar, dijo que en términos patrimoniales “esto no tiene valor porque es parte de la historia del país”.

Entre los documentos se encuentran libros que datan de 1700 de los autos condenatorios que venían desde la Corona Española.
En estos libros se recopilaban todas las sentencias, están escritos en latín y hay uno solo en Castellano. De 1830, la era Republicana, también existen libros que recogían las sentencias de la época.

Muchos de los escritos están en hojas especiales, con grabados hechos a mano, portadas de cuero, con sellos de agua y de tinta particulares, que para el historiador hablan de cómo era la justicia en ese entonces cuando para las diferentes causas ponían distinto tipo de sellos. Resaltan los sellos de Carlos III.

Por el tiempo transcurrido se da mantenimiento correctivo y de conservación de emergencia para que no se deterioren. Se los ha ubicado en un lugar con temperaturas adecuadas de entre 19 y 22 grados para que se mantengan bien, hay hidrómetros que controlan la humedad, muchos cubiertos y con limpieza adecuada.

Entre los documentos hay libros del siglo XVII escritos en latín, autos condenatorios que venían desde la Corona Española del siglo XVIII, de incalculable valor.

El último documento histórico recuperado es uno que llegó el mes pasado desde Tungurahua, revela Diego Coello, abogado que trabaja en el Archivo y es el encargado de analizar el contenido jurídico. Se trata de un juicio de Juan León Mera, con fecha de 1876. A él le debía 30 pesos un concierto (jornalero), pero el deudor falleció y Juan León Mera consigue que se le otorgue un terreno como parte de pago.

Juan Carlos León, quien trabaja en el Archivo General como técnico en conservación documental, señala que hay muchos casos curiosos, como por ejemplo un juicio de 1931, del cantón Guano, provincia de Chimborazo.

El caso es que una pareja se había comprometido en matrimonio, pero la novia desiste en casarse, ante lo cual el novio la acusa de rebeldía y ella se justifica que no se casa porque su mamá está enferma. El demandante envía la lista por las compras realizadas entre aguardiente, comida, pago de testigos, papel sellado, etc. Los gastos llegan a 60,90 sucres y la sentencia que obtiene es que la señorita debe pagar ese valor.

“Es extraordinario lo que se encuentra y estamos elaborando la guía del archivo histórico”, dice, al señalar que de las cerca de 129’000.000 de fojas, 30.000 son consideradas históricas y patrimoniales, de las cuales apenas 100 se han digitalizado.

La razón es que el proceso es muy costoso y se requiere de equipos especiales de escaneo para no dañar los escritos.

Karina Logroño, subdirectora Nacional de Archivo y Gestión Documental del Consejo de la Judicatura (CJ), revela que el próximo paso en el que se hallan empeñadas las autoridades es la digitalización, pero admite que es muy costoso.

“Solo digitalizar la parte histórica costaría $ 10 millones, por eso es necesario acuerdos con organismos y empresas que quieran salvar este patrimonio documental y hacer un proyecto sostenible, por ser un archivo histórico pasivo que sirve para la ciudadanía y a los investigadores”, dice.

Tras señalar que hasta diciembre se espera tener la guía documental de todo lo que tiene el archivo general de la Función Judicial, contando la historia, revela que desde 1888 existe un presupuesto para el archivo de esta función, pero no se dio la atención debida.

Hoy, a través de la Secretaría General del CJ, se cuenta con un rubro contemplado en el presupuesto de la Judicatura para el Archivo General, pero no pasa de los $ 10.000, mientras que los archivos de las otras provincias también cuentan con un presupuesto mínimo.

En la actualidad el Archivo General se encuentra en un galpón arrendado, ubicado al norte de Quito, reforzado en su estructura. (I)