En 2017 Marcelo Imbaquingo recibió una llamada de Ana Mercedes P.

La mujer le ofreció legalizar su taxi a cambio de dinero. Entregó $ 500.

“Me dijo que regularizaría mi unidad de taxi entre otros engaños. Me aseguró que un alto funcionario del Municipio (de Quito) me iba a ayudar”.

Ana Mercedes P. se presentó como secretaria del secretario de Movilidad de la capital.

Según Imbaquingo, la funcionaria les dijo que los permisos de operación iban a obtenerse por vía legal. “Nos pedía dinero anticipadamente, nos decía que primero debíamos pagar para darnos el permiso”.

Los perjudicados incluso recibieron unos documentos con sellos y creyeron que eran legales, pero luego les confirmaron que no eran oficiales.

Darío Parker, otro de los estafados por la mujer, compartió el criterio. Entregó $ 20.000. Los depósitos fueron en dinero en efectivo, así como mediante transferencias electrónicas.

“Me decía que tranquilo, que en diciembre nos entregaba la legalización; pero luego cambió a abril y de allí desapareció. Todo esto pasó en 2018”, afirmó Parker.

Ana Mercedes P. es esposa de un primo de Parker y por ello creyó que el proceso era legal y no lo iban a estafar.

El perjudicado dijo que ha recibido amenazas a su integridad física, así como a su familia, luego de que en julio de 2018 pusiera la denuncia en la Fiscalía.

El caso está a cargo del fiscal Fabián Salazar.

Ronald Andrade, abogado de los afectados, detalló que el perjuicio es de $ 72.000 y hay 100 familias afectadas. “Mediante engaños, con documentos oficiales, los estafaron”.

Ana Mercedes P. continúa en libertad. Los perjudicados solicitan medidas cautelares para evitar que la procesada huya. 

Este medio de comunicación intentó hablar con Ana Mercedes P., así como con su abogado, pero no quisieron referirse al caso. La audiencia de formulación de cargos se difirió para el 8 de marzo. (I)