En los próximos días, el fiscal general del Estado (e) Paúl Pérez Reina, remitirá a la Asamblea Nacional, para su respectivo trámite, el proyecto de Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado.

Se trata de un cuerpo legal que incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal en función de la competencia territorial de los jueces, modificación en ciertos tipos penales sobre el lavado de activos y la aplicación de la extinción de dominio.

Pérez Reina explicó que con esta ley, los tribunales y juzgados, la Defensoría Pública y la Fiscalía tendrán una herramienta común y competencia nacional para el juzgamiento del crimen organizado.

Para ello se necesita reformar artículos, entre ellos el relacionado a las órdenes especiales como medidas de incautación, para evitar movimientos inusuales de dinero.

“Esta inmovilización debe tener reglas claras y por eso es que buscamos acuerdos con la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Rentas Internas, la Policía, la Corte Nacional de Justicia y otras instancias, para proponer una buena ley que se sujete a la realidad”, dijo.

De acuerdo con lo previsto, primero se crearía la jurisdicción nacional de jueces para juzgamiento, luego se reformarían algunos tipos penales y tercero se incluiría la extinción de dominio, no como ley sino como un capítulo dentro de la Ley Orgánica nueva.

Para el Fiscal General, este cuerpo legal facilitará a los operadores de justicia enfrentar de manera eficiente a las estructuras criminales.

“Hoy comprometo a las funciones del Estado, tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional. Que se acelere el trámite para que se haga una revisión y aprobación urgente a la propuesta de ley que será presentada por la Fiscalía General en los próximos días”, dijo el miércoles pasado.

En este objetivo cumplirá un papel fundamental la reciente creada Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

Su Jefe Coordinador, Wilson Toainga, señaló que el trabajo de esta entidad se enfocará a la investigación y procesamiento penal de delitos que provengan de las organizaciones delictivas. (I)