El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) notificó este jueves 22 de noviembre a la fiscal Ruth Palacios la resolución de encargarle las funciones de fiscal general del Estado, hasta que se designe el titular definitivo.

Con esto, Palacios, quien actuaba como subrogante, se principalizó y quedó habilitada formalmente para cumplir sus funciones.
Según el borrador del mandato que prevé aprobar la próxima semana el CPCCS-T, al menos dos meses tomaría el proceso para designar al fiscal definitivo.

En tanto, Palacios deberá asumir el conocimiento y trámite de una amplia agenda que dejó pendiente su antecesor, Paúl Pérez. Son alrededor de una veintena de investigaciones que están abiertas, en las que se vincularon a altos exfuncionarios, algunos con fuero de Corte.

Entre los casos se encuentran Petrochina, Singue, Caminosca, Manduriacu, Sigchos, Deuda Pública, Balda, Gabela, diezmos, venta de armas militares a “Guacho”, Petroecuador, Odebrecht, Secom, equipo periodístico de diario El Comercio, Katty y Óscar, Grilletes, 30-S, entre otros.

Este jueves 22 de noviembre, los dirigentes de la Asociación Víctimas del 30-S, de la Asociación Unidos por la Justicia y la Mesa de la Verdad y Justicia, se reunieron con la fiscal Palacios para solicitarle agilidad en las indagaciones relacionadas al 30-S.

“Hemos hecho una revisión integral de los procesos pendientes en la Fiscalía General y nos han informado que fiscales especiales están asignados para la investigación”, dijo Óscar Ayerve, representante de la Asociación Víctimas del 30-S.

Beatriz Cadena, de la Mesa de la Verdad y la Justicia, del Consejo de la Judicatura, destacó la apertura de la Fiscal para el trámite de las denuncias que han presentado sobre abusos de operadores de justicia.

Miguel Revelo, abogado del exministro de Hidrocarburos Carlos P. Y. (Capaya), se pronunció confiado de que con la oficialización del cargo a Ruth Palacios, el caso de su defendido se agilizará. (I)