Un gran rótulo con la leyenda "Octubre volvió" fue retirada de las faldas de Pichincha, el pasado 1° de octubre.

El general Patricio Carrillo, Comandante de la Policía Nacional, indicó que un equipo realiza la investigación de quiénes colocaron esa leyenda para que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado.

El General reiteró que se mantienen vigilantes a todos los intentos de desestabilización en el país, especialmente aquellos que estuvieron relacionados con las movilizaciones registradas entre el 3 y 13 de octubre, en rechazo al Decreto Ejecutivo 883, en el que se liberaban los precios de los combustibles.

En las jornadas se observaron diferentes atentados que fueron en contra del orden público.

Eso quedó evidenciado en la destrucción de instalaciones de la Policía Nacional; la mayoría se registró en Quito. A eso se suma, la destrucción de los bienes de la Contraloría General del Estado, instalaciones de la Fiscalía.

A un año de esta jornada de protestas, quedó en los archivos de la Fiscalía, los procesos sobre actos de vandalismo y violencia.

Según información proporcionada a por esta institución hay 819 noticias del delito referente al paro nacional.

Sí bien ha transcurrido un año de esas jornadas, el desarrollo de estas causas ha sido lento.

Del número total de expedientes, 18 casos aún se encuentran en etapa de instrucción fiscal. Mientras que otros 69 se encuentran en etapa preparatoria de juicio.

En cuanto a los casos que llegaron a juicio, la Fiscalía informó que 63 alcanzaron esta etapa del proceso.

La cifra que más llama la atención, según los datos proporcionados, es que 669 casos aún se encuentran indagación previa.

Las causas abiertas se clasificaron en cerca de 30 delitos. El más recurrente fue el de daño a bien ajeno (270 casos); la mayoría se registró por daños en el Casco Colonial que causaron pérdidas de alrededor de $ 500.000, según un cálculo presentado por el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Otros delitos se suscribieron en paralización de un servicio público (208 causas), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro (35), robo (29), entre otros.

De esos casos, 277 personas están procesadas en 17 provincias. La mayoría se concentró en Guayas y en Pichincha.

Sobre los procesados

Entre los primeros grupos que se organizaron en rechazo de las medidas del Ejecutivo se encontraron los transportistas.

En esa línea, los dirigentes transportistas Jorge Calderón, y Abel Gómez fueron procesados por el delito de paralización de un servicio público, ya que se lo acusaba de ser uno de los dirigentes que impulsaron el bloqueo de vías. La audiencia se encuentra al momento suspendida.

Por estos hechos también están señalados por el delito de rebelión la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, integrante de Revolución Ciudadana.  En agosto de este año, los tres fueron llamados a juicio. 

Los grupos del sector indígena también están en las causas. Ese es el caso de Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, quien protagonizó las movilizaciones. En su contra, hay investigaciones por supuesto delito de secuestro e instigación al sabotaje. 

En estos hechos también fueron señalados autoridades. Entre ellos el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yofre Poma, quien fue uno de los primeros sentenciados.

En noviembre de 2019, recibió una pena de un año y cuatro meses como cómplice del delito de paralización de un servicio público en Lago Agrio (Sucumbíos).

Según Fiscalía, junto con ocho personas participaron en el ingreso violento a las instalaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y obligaron a dos técnicos a paralizar el paso de crudo.

El Ministerio Público advirtió que esta paralización ocasionó una pérdida al país de $ 1,7 millones.

Dentro de este caso, el pasado jueves 8 de octubre, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó el recurso de casación presentado por Amado Chávez, prefecto de Sucumbíos.

Sin embargo, el Tribunal, integrado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez y Dilza Muñoz, de oficio, casó la sentencia y ratificó su estado de inocencia, debido a que consideró que no existe una fundamentación clara de los hechos por los cuales se lo declaró cómplice del delito.

El Tribunal de casación, previamente, inadmitió a trámite los recursos propuestos por los procesados el asambleísta Yofre Poma y los otros procesados.

Unidades de la Policía fueron reparadas

El pasado 7 de octubre, el presidente Lenín Moreno junto a María Paula Romo, ministra de Gobierno, entregaron la remodelación de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) 24 de Mayo, una de las instalaciones que sufrió mayores daños durante las protestas.

La remodelación y potenciación de la instalación tuvo un costo de $ 130.000.

En esos días, se aprehendieron a 1.330 personas; la mayoría recuperó la libertad dentro de las primeras 24 horas. Además resultaron heridos 435 servidores policiales y otros servidores fueron retenidos en contra de su voluntad. (I)