En abril de 2012 se firmó el contrato para la exploración y explotación del campo Singue, que fue adjudicado al Consorcio DGC, conformado en un inicio por Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros CIA. LTDA. y Gente Oil Development Ecuador LLC, hoy a cargo de esta última.

En cinco años ha dejado al Estado beneficios por alrededor de $ 400 millones, según sostienen voceros de la compañía Gente Oil.

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, cuestiona que se hable de un beneficio para el país. “Si le entregó el campo a la compañía con pequeñas reservas, el Estado espera poco; pero con grandes reservas se espera mucho”.

Empezó aclarando aquello porque -según indicó- hay estudios que determinaban que en el campo Singue existían grandes reservas de crudo, a diferencia de lo que se argumentó cuando se entregó el contrato, es decir, la existencia de pocas reservas.

Considera que no era necesario entregar el campo Singue a una compañía extranjera, ya que el Estado podía producirlo, pues resaltó que es un país con más de 40 años de experiencia petrolera y que “ahí estaban las reservas y el Estado tenía a Petroamazonas que podía, si es un buen campo como era, producirlo por sí mismo”.

Este y otros expertos y entendidos en el tema coinciden en que los problemas que rondan a Singue deben investigarse desde el lado jurídico, no político.

Cuestionan la situación de Silvana Pástor, hija del exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, quien ahora esté al frente de una de las empresas que ganó la licitación del campo petrolero.

Para Santos Alvite, la compañía a cargo de la explotación de Singue no sería muy conocida en el mundo petrolero y por ello indicó:  “Por sí, ya es un conflicto de intereses que merece la más profunda investigación, sin prejuicios ni política, ya que eso no sucede en ninguna parte del mundo”.

Para el analista petrolero Luis Calero, sí existe una politización del tema, lo que provocaría que se desmerezca la acción de la Contraloría General y las futuras acciones de la Fiscalía. Por ello señaló que es importante que se trate desde un punto no solo jurídico sino también técnico.

Según el experto, la Contraloría no habría actuado a profundidad en los exámenes que realizó a Singue, ya que existe un nuevo estudio geológico en el que se concluye formaría parte del campo Cuyabeno-Sansahuari.

“Si es comprobada técnicamente esta conclusión, eso tendría  implicaciones penales, jurídicas y técnicas”.

Y fue más allá al puntualizar que,  de no existir el campo Singue, el contrato incluso llegaría a anularse, sin contar la afectación a la parte económica. “¿Qué sucedería si una empresa privada estaba explotando un campo que le correspondía a Petroamazonas, y antes a Petroproducción?”,  preguntó Calero.

Los dos expertos coindicen en que la situación que vive al momento  el país en torno al “Caso Singue” no afectará de ninguna manera la próxima Ronda Petrolera. Dicen que la nueva administración de crudo y los principios que maneja el Gobierno sobre la lucha contra la corrupción son una garantía para los inversionistas.

Así también la predisposición de los inversionistas estaría relacionada con la transparencia de los procesos, reglas claras y concretas para el proceso licitatorio, y especialmente que no tengan potestad determinados funcionarios públicos, para evitar que se dispongan nuevas reglas que debieron estar previamente establecidas.

“El tema va por seriedad, por transparencia, por estabilidad jurídica, que son los campos que los inversionistas miran para tomar una decisión de inversión en el país”, explicó Calero.

La Contraloría General, tras un examen especial realizado al campo Singue, determinó un perjuicio al Estado por $ 5,2 millones.

Para los expertos, este tipo de acciones por parte del organismo de control no deben ser mal vistas, sino que se debe tomar justamente como un acto de control, se puede realizar a cualquier campo petrolero, lo que involucra a funcionarios públicos.

“El asunto no pasa de ser solo eso, un acto de control al que están sometidos todas las personas involucradas”, dijo el exministro de Energía.

Para mediados de este año se prevé una ronda de licitación de intracampos, entre los que se encuentran Cuyabeno, Oso, Yuralpa, Blanca-Vinita, e incluirá el campo de gas Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, y se estima una inversión de alrededor de $ 800 millones.

Según información del Ministerio de Hidrocarburos (antes llamado de Recursos Naturales No Renovables), los intracampos están ubicados en el nororiente del Ecuador y tienen mayores facilidades para ser explotados.

Para finales de 2018 se prevé la Ronda Sur Oriente, una de las más importantes, según dijeron los expertos. (I)