Una pena de ocho años de prisión. Eso pidió la Fiscalía al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia para los autores y cuatro años para los 15 cómplices del delito de peculado en el caso Singue, por la contratación para la exploración y explotación de ese campo.

Para la Fiscalía, los autores son el exvicepresidente Jorge Glas; el exviceministro de  Hidrocarburos,  Carlos Pareja Yannuzzelli, y el ex ministro Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, y entre los cómplices está su hija Silvana Pástor.

El Tribunal también solicitó $28’479.889 como reparación al Estado por el delito cometido, que deberá dividirse entre todos los procesados.

Además, difundir la sentencia en la página web del Ministerio de Energía y en dos periódicos, así como pedir disculpas públicas y pagar una multa de $16.000 cada uno de los autores y cómplices en este caso.

El fiscal subrogante, Wilson Toainga, dijo que durante la etapa de juicio la Fiscalía demostró que los funcionarios procesados en este caso precautelaron el interés particular sobre el interés del Estado.

Según él, los involucrados tuvieron información privilegiada sobre el proceso contractual de licitación de exploración y exploración de hidrocarburos del campo Singue y cumplieron roles determinantes en la contratación del contrato, informó la Fiscalía.

También los integrantes del Comité de Licitación Hidrocarburífera y del equipo negociador conocían los estudios técnicos que señalaba que en ese campo había reservas superiores a las utilizadas en la negociación.

En el alegato de cierre, el fiscal Toainga dijo que las pruebas presentadas por la la Fiscalía demuestran que en el proceso de licitación se inobservaron varias irregularidades y la empresa oferente consiguió información no correspondiente a la solicitado en las bases para la contratación. Sin embargo, esas irregularidades fueron aceptadas en un informe favorable  suscrito por la comisión y aprobado por integrantes del comité.

Los procesados, el exvicepresidente y el exviceministro tuvieron la potestad de descalificar la oferta, pero no lo hicieron.

En el juicio, además, se determinó que la negociación de la tarifa no fue correcta porque no se tomó en cuenta el 100% de las reservas.  Según la Fiscalía, el presunto delito de peculado se habría cometido al hacer el cálculo de $33,5 por barril de petróleo, para la explotación de ese bloque durante 20 años.  "Se abusó del recurso natural no renovable más importante del país y nunca se buscó una negociación justa y ajustada a la realidad del campo, sino que se articularon todas sus actuaciones para beneficio propio y de terceros", señala la Fiscalía.

Los abogados de Pástor y su hija, Silvana Pástor, señalaron en un boletín de prensa que la Fiscalía Ecuador no logró acreditar la existencia del delito de peculado, sus propios testigos y peritos reconocieron que el contrato de explotación del campo Singue ha contado con mayores inversiones a las comprometidas, pues pasaron de $27 millones a $140 millones en el transcurso de ocho años y ha logrado beneficios de más de $500 millones.

Según ellos, no cabe que la Fiscalía hable de información privilegiada, la licitación del campo Singue fue exactamente igual a la de los campos Eno Ron y Ocaño Peña Blanca en la X Ronda Petrolera. Sus propios peritos y testigos aseguraron al Tribunal de la Corte Nacional que el único documento para el proceso de negociación es el Libro Nacional de Reservas, en el que constan 2,04 millones de reservas.

También dice que Silvana Pástor no es socia, ni dueña, ni accionista de la contratista, es una empleada más de una empresa internacional. Su contratación se dio después de la firma de contrato y asumió la representación legal dos años después del inicio de la explotación.