El excomandante de la Policía e implicado en delitos de lesa humanidad, Édgar Vaca Vinueza, también estaría involucrado en actos de corrupción, por lo que el Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad (Cenimpu) solicitó ayer que la Asamblea Nacional demande públicamente del Gobierno de Estados Unidos su inmediata deportación.

El pedido lo hicieron miembros de la extinta Comisión de la Verdad y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En 1999 la prensa recogió la denuncia del exdiputado Carlos González sobre la supuesta participación de Vaca en una red de espionaje que interceptó las llamadas telefónicas de militares y políticos de la época. Ello desde una oficina ubicada en el centro-norte de Quito, utilizando equipos electrónicos donados por el negociante de armas Roberto Sassen, denuncia que él negó. Por ese caso, el entonces fiscal de Policía, Iván García solicitó en 2001 la apertura de un autocabeza de proceso en contra del exgeneral, pero tras el cambio de autoridades la investigación se anuló y no se comprobó.

Sin hacer referencia a ningún caso específico de corrupción, ayer el Cenimpu convocó a las organizaciones y movimientos sociales y de derechos humanos, incluso a políticos y a la Iglesia, para que se pronuncien sobre el pedido de deportación del exuniformado para que responda ante la justicia ecuatoriana por su actuación al frente del desaparecido SIC-10, en el gobierno de León Febres-Cordero.

Francisco Acosta, presidente de la organización, afirmó que la detención de Vaca en Estados Unidos es un hecho histórico y que pondría fin a décadas de impunidad.

Mireya Cárdenas, exmilitante de Alfaro Vive Carajo (AVC) y exmiembro de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de lesa humanidad ejecutados entre 1984 y 2008, afirmó que si alguien tiene que responder de los delitos cometidos en la década del 80 es Édgar Vaca Vinueza.

Recordó que el excomandante de Policía dirigió una “guerra sucia” que incluyó allanamientos ilegales, persecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

El informe de la Comisión de la Verdad también involucra a Vaca con el asesinato de Arturo Jarrín, la tortura y muerte de Juan Carlos Acosta Coloma, y como responsable de operativos policiales que terminaron con los asesinatos de Fausto Basantes y José Luis Flores, militantes de AVC. Además fue identificado por otras víctimas como el autor intelectual y material de torturas y violaciones de derechos humanos, cuyos testimonios constan en el informe.

Cárdenas también hizo un llamado a las personas que tengan documentación sobre otros delitos que haya cometido Vaca y los entreguen a la Fiscalía para las respectivas indagaciones.

La asambleísta Soledad Buendía manifestó que el pedido de las víctimas será considerado internamente en la próxima reunión del bloque de Alianza PAIS y después será llevado al pleno de la Asamblea.

Édgar Frías, otro exdirigente de AVC, expresó que el pedido de deportación del exoficial corresponde a un deseo de justicia y no de venganza.

Miguel Jarrín, miembro de Cenimpu, mencionó que en el informe presentado por la Comisión a la Fiscalía, de los 140 casos, Vaca se encuentra mencionado en la mayoría, por lo que también espera su deportación y se haga justicia.