En Ecuador se advierte que la justicia se mantiene independiente frente a las otras funciones del Estado, según determina un estudio elaborado por el Centro sobre Derechos y Sociedad (Cides) y la Comunidad Andina de Juristas (CAJ), entidades que analizaron las sentencias emitidas por 69 jueces del país.

“No existen conatos de injerencia o interferencia sobre los fallos, más bien se ha observado que existe la percepción de que pesa una cierta presión ejercida por las otras funciones en contra de los operadores judiciales y su sistema de carrera de la Función Judicial”, señala el estudio.

Sin embargo, el análisis jurídico puntualiza que la mayoría de sentencias carece de sustentación adecuada, especialmente las que se refieren a fallos en los que están involucrados miembros de grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes, indígenas o GLBTI.

El abogado Jaime Vintimilla, docente de la Universidad San Francisco, que estuvo a cargo del proyecto que elaboró el informe, dijo que existe una tendencia marcada de los magistrados en recurrir a normas legales sin que se tomen en cuenta ciertos derechos de estos grupos, lo cual afecta las decisiones.

El jurista manifestó que, por ejemplo, en los juicios de alimentos se ciñen a lo que dice la tabla emitida por el Consejo de la Judicatura para calcular la pensión alimenticia, sin tomar en cuenta otras soluciones.

“A un indígena, por ejemplo, lo obligan a pagar en efectivo cuando muchas veces no tiene trabajo o vive en el campo”.

Para Vintimilla, los jueces podrían sancionar un pago alternativo como la entrega de ganado o el producto de la cosecha de manera que se equipare el pago que podría hacerse en efectivo.

Por eso, el jurista estima que hace falta más preparación de los jueces, ahora que existe una mejor infraestructura, más funcionarios judiciales y nuevas leyes.

Además apuntó que el juez debe ser un creador de Derecho, lo cual no se hace todavía, “se observa más bien que el juez es un aplicador de normas”.

El estudio se basa en la lectura de más de 1.625 resoluciones de magistrados de las salas de lo Civil, Niñez y Adolescencia, Laboral y Penal.

Vintimilla indicó que el estudio será entregado a la Judicatura para que tome en cuenta estos resultados y pueda iniciarse un debate.

La doctora Elizabeth García, que dirigió el análisis jurídico del informe, estimó que la percepción sobre la independencia judicial a veces está basada en situaciones que no se pueden confirmar. “Es imposible que todas las personas que opinan estén satisfechas con el juez y su decisión”, sostuvo.

García consideró que hace falta más seguridad jurídica que se refiere a la posibilidad de anticipar una posible decisión, “es decir que bajo determinados hechos similares la argumentación del juzgador será en cierta medida uniforme y en caso de cambiar los jueces tendrán que explicar por qué cambiaron el criterio de manera motivada”.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, durante la presentación de los resultados de evaluación a los operadores de justicia, manifestó que por primera vez en el país, la institución que dirige calificó a los jueces, lo cual permitió determinar que de los 1.440 magistrados evaluados el 96% superó este proceso.

Jalkh indicó que la tasa de resolución de juicios ingresados versus casos resueltos en el país superó el 100% en 2014. Esto por el trabajo que cumple la Escuela de la Función Judicial con el personal judicial.

Además, dijo que en la segunda fase de evaluación de este año se revisarán las motivaciones de las sentencias de los jueces. (I)