A un cuarto prestado, de 30 metros de diámetro, se redujo el sueño de Graciela Morales por tener casa propia. Trata de contener las lágrimas y se sienta en la cama para observar, con impotencia, a su alrededor: la cocina, el televisor, un juego de comedor, el clóset y un velador -sobre el cual se levanta la balanza de la justicia- están colocados uno junto al otro debido a la estrechez.

Ella es una de las 200 personas perjudicadas por la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”, cuyo fraude se conoció el 29 de febrero pasado y en el cual se estima que las pérdidas bordean los 3 millones de dólares.

Una y otra vez, Graciela revisa los documentos, como para demostrarse a sí misma que tenía “todo en regla”. Toma de la carpeta el acta de reserva del inmueble, seis recibos de depósito que suman 22 mil dólares y un acta de compra y venta de su casa nueva, ubicada en el barrio El Beaterio, al sur de Quito, que sería entregada en agosto de  2011. Pero no fue así.

Su odisea empezó en junio del año pasado cuando vio en la prensa un aviso de la inmobiliaria ofertando  viviendas que se ajustaban a su presupuesto y eligió una de 73 mil dólares, con tres departamentos y todos los servicios, como siempre había soñado.

Pero no fue sino tras entregar el dinero que supo que la casa tenía dos impedimentos de venta: por Patrimonio Familiar y por obras en el Distrito, obstáculos que la inmobiliaria se comprometió a resolver, pero los días transcurrían y cada vez había un nuevo pretexto para demorar la entrega.

En septiembre pasado, la inmobiliaria le pidió completar la suma de 45 mil dólares para concretar la venta y en un acto desesperado, la mujer de 45 años decidió vender un terreno en el sector de Quitumbe (sur de Quito), cuyo costo comercial bordeaba los 20 mil dólares.

La misma inmobiliaria halló un comprador y el inmueble fue vendido en 19 mil dólares, de los cuales, Graciela apenas recibió 14 mil porque la compañía adujo gastos por comisión y gestión administrativa. 

Pese a ello, empezó a tramitar el crédito hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para cubrir el costo total de la vivienda, un procedimiento que la inmobiliaria también le ofreció realizar, pero ante la demora decidió visitar a la dueña de la vivienda para hallar una respuesta: “A mí no me han entregado ni un centavo. Y si usted no tiene toda la plata en efectivo no le vendo la casa”. Ese fue el anuncio de que las cosas acabarían mal.

Inmediatamente acudió a la inmobiliaria para exigir una explicación, pero el trato ya era diferente:  “Señora, si usted viene molesta no la vamos a recibir”, le dijeron varias veces y luego se rehusaban a atenderla. Entonces exigió la devolución de su dinero y empezaron las amenazas: “Si usted se retracta y desiste del negocio, pierde todo”.  

Frente a esto, pidió la asesoría de un abogado que la alertó sobre la posible estafa y le recomendó concretar rápido el negocio porque esa compañía “podría quebrar”, y no se equivocó. Ella se enteró de la noticia por televisión. “No estoy derrotada, solo defraudada”, asegura, mientras toma su maleta y se despide de su hija. Ahora solo espera que las autoridades investiguen, pero sabe que la posibilidad de recuperar su dinero es mínima.

Igual pensamiento tienen ahora algunos perjudicados que hace un año decidieron presentar una demanda en contra de Patricia Fernanda Nato Cruz, quien es la copropietaria de la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”.

Según la página del Consejo de la Judicatura (CJ), los esposos Javier Mauricio Acurio y Giomara Elizabeth Lozada Ortega presentaron dos denuncias por una supuesta estafa inmobiliaria. Una el 24 de mayo del 2011, ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, basados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Se hizo el requerimiento de la imputada, sin embargo no se presentó y el proceso no concluye.

Nato es declarada en rebeldía

La otra demanda  pasó a manos del Juzgado Cuarto de Contravenciones, liderado por la  jueza Gladis  Alicia Angos Villarreal, quien dispuso que se notifique a la acusada en su domicilio por tres ocasiones y en ninguna acudió, por lo que fue juzgada y declarada en rebeldía. A ella se le ordenó devolver los 5 mil dólares a los demandantes, un pago que hasta ahora no se ha concretado.

Según la denuncia, la inmobiliaria incumplió con  el contrato de reserva de una propiedad ubicada en el sector Colibrí, pues el inmueble nunca fue entregado tras concluir la fase de reserva.

Otra denuncia la presentó Jonny Garay, el 23 de septiembre del 2011, en la cual se involucra a Julio Diez, propietario de la compañía y hoy detenido para investigaciones.

Según consta en el proceso, los demandados suscribieron un contrato de reserva de un inmueble hipotecado, por 7 mil dólares, sin la autorización de los propietarios de la vivienda.

En similares circunstancias han sido timadas  decenas de personas que depositaron su confianza en otras   inmobiliarias. Según estadísticas de la Fiscalía General del Estado, las denuncias de estafa y otras defraudaciones llegaron a 1.416 el año pasado.

Un caso más es el de Verónica Cabezas, quien desde hace ocho meses  trata de recuperar los 4 mil dólares que entregó a “Quick Inmobiliaria” para comprar un terreno en Cashapamba, en el Valle de los Chillos.

El anuncio lo vio en la prensa y se puso en contacto con la “Inmobiliaria El Valle”, en la que la recibió Doris Yánez Rodríguez que se identificó como la intermediaria.  

Como el terreno costaba 32 mil dólares, Verónica debía entregar mil dólares para reservarlo y en un mes cancelar 3 mil dólares más para cubrir la cuota inicial.

Luego fijaron la fecha para la firma de las escrituras. El día de la cita, Yánez le informó que la propietaria del terreno estaba fuera del país y que el trámite se postergaría, pero horas más tarde la misma dueña  del inmueble la llamó para confirmar que la esperaba y tras una breve conversación le informó que no había recibido ni un centavo de la inmobiliaria.

Desde ese día, Yánez se cambió de domicilio y solo la vio en una ocasión  cuando la mujer se presentó en el trabajo de Verónica para entregarle un cheque posfechado de 2 mil dólares que nunca se hizo efectivo.

La última vez que supo de ella fue en noviembre, cuando le indicó que viajaría a Estados Unidos para recuperar el dinero. 

En la Fiscalía de Pichincha reposan siete denuncias en contra de Yánez, desde 2004, por delitos como abuso de confianza, estafa, anticipación de arrendamiento y terminación de contratos, pero no se ha presentado a ninguna de las citaciones. En el compromiso de compra y venta, la firma de Yánez no coincide con la de su cédula de identidad, en la que se señala que es corredora de Bolsa y que está casada con Gustavo Hernández Naranjo, contra quien también pesan dos denuncias por mora y dos de inquilinato. 

Verónica presentó la denuncia en la Fiscalía de Pichincha y en la  Defensoría del Pueblo, inclusive notificó  a las autoridades de la Embajada americana sobre la situación legal de Yánez, pero hasta ahora no ha logrado recuperar su dinero.