“Me pidió que me quitara el pantalón y la ropa interior, y que me recostara en la camilla. La bata blanca que  el médico llevaba puesta era muy larga, cuando me acosté para que me examinara no me di cuenta que se bajó los pantalones, sin darme tiempo a nada, me sujetó por las caderas y me violó”. Esta es la versión de Sonia G., de 22 años, que reposa en el Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha.

En diciembre de 2011, Sonia, quien tenía ocho semanas de embarazo, acudió en compañía de su madre a una revisión con el ginecólogo Hugo Eduardo Paredes Batallas, en el centro médico de la parroquia Calderón, al norte de Quito. Ahí, aseguró la joven, fue agredida sexualmente. 

Luego del supuesto ataque, Sonia salió del consultorio y avisó lo sucedido a sus padres. Para impedir una denuncia, “el médico se arrodilló y les ofreció dos mil dólares”.

Luego de la denuncia, Paredes fue detenido y pese a que se le realizó un examen legista encontrándose en el  interior de la víctima fluidos masculinos, la Fiscalía nunca solicitó un cotejamiento de la sustancia con el ADN del médico denunciado. El examen psicológico indicó que la agresión dejó en Sonia un trastorno emocional de gravedad, y estrés físico y mental. 

Durante la audiencia, Paredes recibió medidas sustitutivas y se le prohibió la salida del país. Según los documentos judiciales del caso, la defensa de Paredes contactó por varias ocasiones a Sonia, para pedirle que desista de la demanda a cambio de dinero.

Finalmente, el fiscal Lizardo Díaz se abstuvo de acusar al médico y el fiscal provincial, Miguel Jurado, ratificó dicho  dictamen. Todo esto ocurrió a pesar de que Paredes tenía en 2003 una denuncia similar por abuso sexual. 

Al igual que este caso, muchas de las investigaciones de agresiones sexuales quedan “inconclusas” debido a que los  exámenes primordiales de cotejamiento de ADN no siempre son solicitados por la Fiscalía y así los procesados -en algunos casos- vuelven a cometer similares delitos en años posteriores.

Según estadísticas del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), el número de casos por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes llegó en 2010 a 189, mientras que en 2011 la cifra se ubicó en 230 y solo en el primer semestre de 2012 se registraron 103.

En lo que respecta a delitos sexuales en contra de personas adultas, durante 2010, los juzgados penales recibieron 2.265 causas. En 2011 la cifra aumentó a 3.523, mientras que en lo que va del año se tramitan 1.445 denuncias.

Para Fernando Yávar, vocal del CJT, hay una alta tasa de reincidencia de los delincuentes sexuales, al punto que es de aproximadamente el 90%. Ante esta realidad, el CJT presentó un proyecto para incluir en el nuevo Código Orgánico Integral Penal mecanismos de seguimiento y control de delincuentes sexuales que hayan cumplido una sentencia, con el fin de establecer una medida de protección a la sociedad y para  facilitar la investigación de este   delito. Entre las medidas por establecer se contempla la implementación de una vigilancia electrónica, a través del uso de brazaletes que son rastreados satelitalmente.  

A estos se suma el establecimiento de un régimen de presentación periódica de la persona ante un juez para verificar sus actividades. Otra de las medidas por incluirse sería la actualización periódica de archivos fotográficos y distintivos por un tiempo determinado, así como también la verificación frecuente de su domicilio.

Para Juan Jaramillo, agogado de la Defensoría Pública, esta medida no es viable, pues el sistema constitucional vigente no permite esta clase de procedimientos, pues cualquier medida, por más beneficiosa que pretenda ser, no puede vulnerar principios, garantías y derechos humanos. “La justicia no radica únicamente en castigar un delito, sino que propone la rehabilitación”, señaló el funcionario.

El psicólogo Francisco Guevara explicó que una de las características que se observa, en la mayoría, en las personas que agreden sexualmente es que en su niñez también fueron violados física, psicológica y sexualmente. “Se sienten  incómodos en la intimidad con otras personas”, aseguró el especialista. 

Esto generaría un desequilibrio emocional e incapacidad de establecer una relación consensuada y distorsionada.    “Debido a la falta de control que han tenido en sus vidas, el acto sexual ejercido a la fuerza les brinda una sensación placentera que se equipara a una tranquilidad emocional”, detalló.

Las víctimas son buscadas en núcleos afectivos débiles. Indicó que los depredadores sexuales, luego de la violencia, tienden a culpar de sus acciones a factores como el fracaso, el alcohol, inclusive a las propias víctimas.