La Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) dictó 42 sanciones durante este año, informó el director de esta división en la provincia de Guayas, Pablo Martínez.

La cifra encierra la destitución de 36 jueces y la suspensión de 7, teniendo como principales motivos la negligencia en su trabajo.

Esto fue producto de 118 procesos tramitados, en los que a 82 funcionarios se les ratificó su estado de inocencia.

Los números se incrementarían en 2014, advirtió Martínez, pues hay aproximadamente 3.000 procesos disciplinarios por resolver, entre ellos los sumarios administrativos por audiencias fallidas.

Por esta causa se abrieron aproximadamente 150 expedientes en los últimos 3 meses, esto debido a la entrada en funcionamiento del Grupo de Control Disciplinario que junto a la Coordinación Operativa están encargados de evitar que se aplacen diligencias, es decir, convocar a las partes y precaver que éstas no sean llamadas a otras audiencias el mismo día.

Si hay responsabilidad de los operadores pueden ser sancionados por cometimiento de faltas graves, que contemplan suspensión, y muy graves, cuya reincidencia lleva a la destitución, así lo determinan los artículos 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Pero este control no solo condujo a la apertura de sumarios administrativos, también contribuyó a la disminución de audiencias fallidas, que a inicios de año superaban el 50% en Guayas y al finalizar decrecieron al 10% y siguen a la baja, hablando de materia penal.

Bolívar Vergara, director administrativo del CJ, en Guayas, detalló que en enero de cada 10 audiencias al menos 6 no se realizaban y que ahora de cada 100 apenas 8 no se efectúan.

María Fernanda Pazmiño, quien encabeza el Grupo de Control Disciplinario, manifestó que el objetivo para 2014 es reducir el índice a 0, pero explicó que no siempre es responsabilidad de los funcionarios, pues algunas veces faltan los defensores particulares o procesados.

Los principales motivos porque se postergaron audiencias fueron la ausencia de fiscales, acusados, abogados y testigos; en el caso de los primeros, generalmente porque participaban en otros juicios a la misma hora, lo cual esperan mejorar en el siguiente período.