Por Victor Vimos, corresponsal en Perú.

En el Perú la rehabilitación social es un tema de segundo orden. Las cifras no dejan mentir. Hasta inicios de 2015 se contaron 67.891 presos en el sistema carcelario nacional diseñado para albergar a 31.100. La sobrepoblación supera en 180% la capacidad que brindan las 64 cárceles repartidas en todo el territorio.

Con una dimensión así lo último que se podría esperar de esos lugares es que quienes los ocupan tengan algún asomo a la rehabilitación e inserción en la sociedad.

Los centros de reclusión se han convertido en escuelas del crimen y lugares de operación para bandas organizadas de sicarios y extorsionadores.

Según datos de la Policía, el 90% de llamadas que buscan estafar o intimidar a desprevenidos ciudadanos, es hecha desde el interior de estos centros.

Y es que la corrupción aparece como uno de los principales síntomas sobre los que se asienta el problema dentro de las cárceles.

El ingreso de celulares y el acceso a los servicios de internet, por ejemplo, son dos mecanismos que facilitan el contacto con el exterior, aprovechado por los delincuentes para dirigir acciones ilegales detrás de los barrotes.

Antena telefónica en penal

Hace menos de un mes, la denuncia de un medio televisivo llevó a descubrir que en las inmediaciones del penal de San Juan de Lurigancho, considerado uno de los más violentos del continente, se escondía una antena de telefonía móvil que facilitaba la salida y recepción de llamadas desde y hacia el centro penitenciario.

La colocación de sistemas que inhabiliten el uso de celulares ha debido esperar al menos 3 años entre trámites de licitación. Su instalación completa, se calcula, estará lista a finales de 2016. La grave situación que desde las cárceles de Perú se desprende hacia la sociedad, se vuelve crítica.

Crece el delito en Perú

El año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, unos 600 mil delitos se registraron en todo el territorio nacional, siendo esta una de las tasas más altas de la última década.

A pesar de ello, se estima que apenas 1 de cada 3 delitos es denunciado, dejando un amplio margen de impunidad sobre el que se mueven las bandas de crimen organizado.

El miedo se apuntala como uno de los factores principales que evitan llevar hasta la justicia a los responsables de actos ilegales.

A él, sin embargo, se suma la acción ineficiente de las instituciones del Estado encargadas de brindar respaldo a los procesos de control dentro de las cárceles.

Guías trabajan 3 días seguidos

Los guardias encargados del cuidado de los internos ilustran este problema con lujo de detalles. El régimen al que están sujetos los 4.000 guías penitenciarios se denomina 24x48.

Consiste en trabajar 3 días seguidos, por turnos de 8 horas cada uno, y descansar los dos días siguientes. Esto hace que, a diario, apenas 1.300 de ellos estén pendientes de los internos del sistema carcelario de Perú.

La situación es alarmante: por cada guardia de seguridad existen 51 presos, es decir, medio centenar de personas a las que está llamado a controlar. La situación no es diferente para el resto de profesionales enrolados en el sistema nacional penitenciario.

Doctores, sicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, no logran dar abasto a las peticiones de ayuda y atención que emite diariamente una masa de internos condenados a la queja constante.

La justicia tampoco ha aliviado este problema, Más de la mitad de los 67.891 presos que habitan las cárceles de Perú no tienen sentencia, y están condenados a una espera que encuentra en las oficinas de juzgados y fiscalías el peor obstáculo a ser superado.

Uso de la prisión preventiva

El uso indiscriminado de la prisión preventiva, dictaminado para casos excepcionales, ha sido una de las acciones más criticadas desde la sociedad civil hacia las instituciones de ley y orden que rigen la vida de los peruanos.

Se supone que esta norma debería aplicarse para casos que impliquen riesgo de fuga del acusado, pero, a cambio, es utilizada para cualquier tipo de delito, llegando incluso a servir como una herramienta de amedrentamiento usada por los jueces.

El gobierno de Ollanta Humala, denominado de ‘La Gran Transformación’, poco ha podido hacer para justificar esa nominación en el tema penitenciario. Mensualmente, unos 650 nuevos internos ingresan en las cárceles del vecino país.

El resultado es un panorama desalentador, ya que es el reflejo de una sociedad que parece encontrar en el olvido la mejor forma de cobrar los delitos. (I)