Las denuncias de agresiones físicas en contra de mujeres no siempre terminan en las comisarías como una contravención. El grado de violencia con que se cometen algunos actos de este tipo llevan a las víctimas a ventilar sus casos en instancias judiciales.

Una es María (nombre ficticio), quien decidió iniciar un proceso penal contra su ex conviviente por el maltrato que sufrió la noche del pasado 25 de febrero.

Eran alrededor de las 03:30 cuando María dormía en su habitación y el primer golpe llegó. “Me dejó inconsciente”, relató. “De ahí no recuerdo nada más”. Con el rostro prácticamente desfigurado, ella acudió al día siguiente  a la Policía Judicial (PJ) para denunciar el hecho. “A mí casi me mata, él es una persona extremadamente celosa”, dijo.

Pedro Diomenes Napa Mera (prófugo) es señalado como el autor de la golpiza dada a María, que dejó serios daños en su rostro. “No puedo alimentarme, actualmente estoy en terapia para ver si me operan la mandíbula, ya que me la fracturó. Todo el alimento que ingiero debe ser líquido”, recalcó.

Durante 19 años, ambos procrearon tres hijos. “Pido que se haga justicia y que él se haga cargo de los niños pagando la manutención... él tiene que pagar por lo que me ha hecho, ya no lo quiero”, acotó.

Cerca de dos meses después del maltrato, la operación para su recuperación aún está pendiente. “Ella tiene una fractura  facial mal consolidada. Hasta ahora no ha sido operada por falta de placas y tornillos, esto ha provocado que tenga una limitación en la apertura bucal”, explicó Danny Pazos, médico tratante de María.

“Estamos por operarla para corregir eso, pero lamentablemente faltan unos equipos”, añadió el especialista. La agresión cometida en contra de esta mujer pasa a convertirse en un presunto delito por la gravedad de la lesión.

Así lo establece el Código Penal en su artículo 463, el cual narra: “El que hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América”.

Para Carmen Mite, miembro del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), el caso de María es un ejemplo de que las agresiones pueden llegar a instancias judiciales siempre y cuando la víctima tome la decisión.

Dijo que muchas denuncias solo quedan en el olvido debido a que se abandonan los procesos. “Hay mujeres que van a las comisarías para pedir las boletas de auxilio, pero ese papel no las va a proteger... el problema aquí es que la víctima perdona y al hacerlo vuelve a ser maltratada”, acotó. “La dependencia económica es uno de los factores que inciden en el perdón y la reincidencia”.